Es inaceptable que las enormes utilidades de los propietarios privados de Transmilenio y del SITP –que son los mismos– salgan de los subsidios oficiales y del maltrato a sus conductores, como obligarlos a jornadas laborales superiores a la ya extensa de 10 horas diarias que permite la ley o imponerles altas multas que ni les explican y sin que medie el debido proceso.
Ante las deficiencias del servicio de taxis en Bogotá, muy vinculadas a la congestión y el deterioro de las vías y a las malas condiciones laborales de los conductores, la solución no puede ser que todo el que tenga un vehículo lo vuelva un taxi, que es lo que en últimas intenta la trasnacional Uber, porque ello empeorará los problemas de hoy y puede llevar hasta el caos, agregó el congresista del Polo.
Todo servicio de taxis, señaló Robledo, debe darse dentro de la ley, y es muy grave que, con el pretexto de las telecomunicaciones, haya empresas que promueven la ilegalidad. Y es obvio que cualquier servicio especial de taxis de costos más altos que los corrientes también debe respetar las normas y no puede ser la solución al problema general de la ciudad, por la simple razón de que la casi totalidad de sus habitantes no pueden pagarlo.
En resumen, concluyó Robledo, es absurdo pretender que los problemas del transporte público se solucionen violando las normas que lo rigen y maltratando más a los conductores, que son la base insustituible de cualquier sistema.
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