Alcances del expediente del hermano de Álvaro Uribe, sindicado por la Fiscalía de ser patrocinador de la banda paramilitar “los 12 Apóstoles”

El Tiempo / El Espectador  

Expediente dice que el ganadero, hermano del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, interfirió en el proceso contra miembros del grupo paramilitar ‘los 12 Apóstoles’.

“El accionar de los ‘12 Apóstoles’ se ha caracterizado por un ambiente de amenaza e intimidación de testigos”. “El caso de Eunicio Pineda Luján es el mejor ejemplo para entender la capacidad y determinación de Santiago Uribe Vélez y de los miembros que aún subsisten de los ‘12 Apóstoles’ para silenciar un testigo”.

Afirmaciones tan graves como esas son las que hace la Fiscalía en la decisión que esta semana puso preso, por un proceso penal que tiene más de 20 años, a Santiago Uribe, hermano menor del cuestionado expresidente Álvaro Uribe.

El contenido completo de ese documento, conocido por El Tiempo, revela que no existió una prueba sobreviniente que llevara a la Fiscalía a ordenar la captura, aunque sí la recuperación técnica del contenido de una grabación subrepticia realizada por el capitán Juan Carlos Meneses en el 2009 y que ahora los investigadores califican como un “elemento trascendental de la imputación” contra el ganadero.

La grabación corresponde a una charla entre Meneses –el principal testigo de cargo contra Santiago Uribe– y el coronel retirado Pedro Manuel Benavides. Los dos fueron jefes de la Policía en Yarumal, el municipio donde se originó el grupo ilegal a comienzos de los 90, y ambos fueron beneficiarios del cierre de las investigaciones penales que había en su contra por los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’.

Benavides es el mismo coronel que hace algunos años denunció que Meneses le había ofrecido 500 millones de pesos, supuestamente de la mafia, para sindicar falsamente a los hermanos Uribe Vélez.

En la grabación, Meneses le saca declaraciones a Benavides sobre los hechos de Yarumal, habla de la reactivación de las investigaciones en su contra y sugiere que él tiene “cómo ubicar a Santiago” para que los ayude con los nuevos procesos.

Al evaluar la grabación, la Fiscalía descarta una manipulación y dice que tiene “continuidad lingüística”. Y concluye que la misma es prueba de hechos como “el compromiso penal tanto de Meneses como de Benavides por acción u omisión en los ilícitos cometidos en la zona por los paramilitares” y “las promesas que Santiago Uribe les hizo a Meneses y Benavides de ayudarles en los procesos contra ellos, las cuales habría cumplido al punto de que las mismas habían sido objeto de archivo”. El capítulo de las investigaciones cerradas es duramente cuestionado por la Fiscalía.

Benavides reconoció que la voz de la grabación era suya y que en efecto se reunió en el 2009 con Meneses, pero ha negado relación con la banda y, más aún, cualquier conocimiento de una actividad ilegal de Santiago Uribe. Ahora la Fiscalía lo investigará por falso testimonio, además de reactivar el proceso en su contra por los crímenes cometidos en Yarumal hace más de 20 años, que considera de lesa humanidad.

La Fiscalía dice que fue legítimo que Meneses grabara a Benavides, “pues tenía la plena convicción de que estaba recogiendo información sobre la participación de este y de Santiago Uribe (…), con el propósito de asegurar evidencia que pudiera disuadir a sus eventuales agresores de atentar contra su vida”.

Además del coronel Benavides, se reabrirá el caso contra el comerciante Álvaro Vásquez Arroyave, señalado desde mediados de los 90 como una de las cabezas de ‘los 12 Apóstoles’ y quien también se benefició del cierre de la investigación hace 15 años. Él era dueño de un restaurante, San Felipe, que es señalado en varias denuncias como centro de operaciones de los paramilitares. También tenía la finca El Buen Suceso, vecina de La Carolina y donde trabajaba como jornalero Eunicio Pineda Luján.

Otros personajes del municipio, como el sacerdote Gonzalo Palacios, también están en la mira de la justicia.

La Fiscalía encontró que Santiago Uribe y Vásquez “hacían parte de una red de comunicaciones identificada como Yarumal y manejada por la empresa Unicom”, en la que supuestamente el ganadero se identificaba como ‘R-15’. De esa red de comunicaciones, asegura la Fiscalía, también hizo parte el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La decisión contra Santiago Uribe también le complicará la vida al jefe paramilitar ‘Julián Bolívar’, que hizo parte de ‘los 12 Apóstoles’ y, según el expediente, ha mentido sobre ese capítulo. ‘Bolívar’ se arriesga a perder los beneficios de Justicia y Paz y a pagar por los crímenes cometidos como paramilitar los 40 años que se imponen en la justicia ordinaria.

El coronel cuestionado

Desde los 90, testigos le dijeron a la justicia que el coronel Manuel Benavides amarró el cadáver de una de las víctimas de ‘los 12 Apóstoles’ y lo llevó por las calles, como supuesto escarmiento para ladrones. En la grabación que tiene la Fiscalía, que es del 2009, Meneses le dice a Benavides que “el Gobierno no los va a proteger ni a sacar la cara por ellos”. Después afirman, según el documento, que “si Uribe los pone en bandeja de plata les toca decir definitivamente que ellos lo único que (hicieron) fue recibir plata para no meterse y (que) recibieron presiones de Santiago para que la gente (la banda) hiciera lo que quisiera por allá en los municipios”.

‘Testigo torturado’

La referencia al ataque contra Eunicio Pineda Luján, que en el 2010 apareció como testigo, se refiere a la tortura e intento de asesinato de los que fue víctima en 1994, poco después de denunciar que vio a Santiago Uribe y a Álvaro Vásquez rodeados de hombres armados en la finca La Carolina. A Pineda le arrancaron dos dientes con unos alicates y luego le dispararon por la espalda mientras huía para salvarse. Frente a la descalificación que la defensa le hizo como testigo por sufrir de esquizofrenia, la Fiscalía ripostó con un concepto de Medicina Legal que valida su idoneidad. Además, se comprobó que sí vivió en la zona.

En el proceso declararon testigos que decían que nunca lo vieron en el pueblo.

Se enreda ‘Julián Bolívar’

En septiembre del 2014, EL TIEMPO reveló que Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, uno de los más poderosos jefes de las Auc y de los pocos que se salvaron de la extradición en el 2008, tenía varias de las claves sobre ‘los 12 Apóstoles’.

Pérez Alzate, que recuperó su libertad en mayo del año pasado, dijo que estuvo en la zona, pero que llegó después de la existencia de ese grupo de ‘limpieza social’.

La Fiscalía dice que “Rodrigo Pérez Alzate no ha hablado de su relación con Santiago Uribe y su vinculación a un centenar de crímenes que no ha versionado ni confesado, incluidos la tortura y tentativa de homicidio de que fue víctima de Eunicio Pineda”.

Denuncias desde los 90

El 29 de diciembre de 1993, la personera de Yarumal remitió a la Fiscalía las primeras alertas por los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’ y mencionó entre los casos la muerte de Manuel Vicente Varela en La Carolina. Él era señalado de manejar una red de expendio de drogas.

Hoy, la Fiscalía cuestiona que en 1999 un fiscal de Derechos Humanos hubiera cerrado el caso contra Santiago Uribe: “Se desconoció flagrantemente que para ese momento ya se contaba en el expediente con las pruebas no desvirtuadas que daban cuenta de la existencia de la presunta vinculación” del ganadero con el grupo ilegal, afirma.

La impunidad de los 12 Apóstoles
El Espectador

Informes de la personera de Yarumal elaborados. Testigos que declararon bajo reserva. Quejas ciudadanas. Denuncias de listas negras. Pesquisas del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Acciones urgentes de Amnistía Internacional. Reportes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Si algo deja en evidencia la resolución de la Fiscalía en la que se sustentó el arresto del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez es que, desde los años 90, la justicia colombiana tenía con qué esclarecer la existencia del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Pero que, en contravía de esas evidencias e indicios, se paralizó y no hizo absolutamente nada.

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se supone, fue uno de los patrocinadores de los 12 Apóstoles. Por esa razón, está siendo investigado por dos delitos: concierto para delinquir (aliarse con otras personas para cometer delitos) y homicidio agravado (por el crimen de Camilo Barrientos, un conductor asesinado presuntamente por los 12 Apóstoles). Para la Fiscalía, los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar no son delincuencia común; son de lesa humanidad. No prescriben. Y para intentar comprender lo ocurrido en el norte de Antioquia entre 1990 y 1998 –en donde estaba la finca La Carolina, que perteneció a la familia Uribe Vélez y administró Santiago Uribe–, se volcó a los expedientes de la época.

Para empezar, el documento de la Fiscalía de 277 páginas se remite a un informe que presentó el 2 de noviembre de 1993 la entonces personera de Yarumal, Lilyam Soto. La funcionaria manifestó a la Fiscalía sobre “el aumento de las muertes violentas de personas sindicadas”, lo que evidenciaría una de las tesis de la Fiscalía: los 12 Apóstoles se convirtieron en un grupo de “limpieza social”, que ejecutó un “plan de exterminio” contra ciertos sectores de la población civil. La personera Soto, además, adjuntó un informe de Amnistía Internacional y otro del Cinep, en el que se registraba también el aumento de “muertes violentas por ‘limpieza’”. En ese caso específico, se hablaba de 24 personas con antecedentes delincuenciales o de drogas asesinadas en un período de tres meses.

El informe de Amnistía Internacional era un llamado urgente a la Presidencia, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Antioquia, fechado el 30 de septiembre de 1993, sobre “ejecuciones extrajudiciales y terror de seguridad”. Es decir, los destinatarios fueron César Gaviria, Carlos Gustavo Arrieta, Rafael Pardo y Juan Gómez Martínez, respectivamente. El del Cinep, por su parte, hablaba de un “‘escuadrón de la muerte’ conformado por sicarios trasladados de Medellín, un exsoldado profesional y varias personas de Yarumal, patrocinados económicamente por comerciantes y ganaderos de la región”. Desde ese momento aparece la primera denuncia contra el entonces capitán de la Policía Pedro Manuel Benavides, quien, aseguró el Cinep, había liderado un operativo en el que fue asesinado un soldado al ser confundido con un guerrillero.

Para 1994 ya no eran sólo las organizaciones o la Personería: era la propia Fiscalía la que empezaba a documentar a los 12 Apóstoles. Un informe del CTI con fecha del 18 de abril de 1994 señaló que, efectivamente, había “una banda de ‘limpieza’ en Yarumal, la que se hace llamar Los Apóstoles’”. Y agregó: “Se trataría de una organización armada auspiciados (sic) por personas prestantes del municipio y autoridades de la Policía”. Para agosto de ese mismo año, la Fiscalía ya tenía al menos 26 procesos abiertos por asesinatos atribuibles a los 12 Apóstoles. En 1995 el turno fue de la Procuraduría: la Oficina de Investigaciones Especiales elaboró un informe para la Fiscalía en el que señalaba que más de 30 personas habían sido asesinadas entre julio de 1993 y noviembre de 1994, al parecer, bajo la iniciativa de “‘limpieza social’ que impulsaron ciertos sectores de la sociedad de Yarumal”.

En ese informe de la Procuraduría quedó consignado otro nombre fundamental para la historia de los 12 Apóstoles: el del padre Gonzalo Palacio. El organismo indicó que, con base en evidencias testimoniales y periciales, se sabía que Palacio coordinaba a los 12 Apóstoles con ayuda de comerciantes y de la Fuerza Pública. Además del sacerdote Palacio, los testigos de la época hablaban de otros integrantes: Álvaro Vásquez, dueño de un restaurante; Donato Vargas, propietario de un almacén frente a la Alcaldía; Roberto López, también comerciante y dueño de varios locales, y Paul Martínez. Las investigaciones que se iniciaron en ese tiempo, a la larga, terminaron en los anaqueles de los organismos de control, carcomidas por el polvo. Según lo que analizó la Fiscalía, el 99% de los expedientes relacionados con los 12 Apóstoles terminaron en la impunidad.

Un último informe clave para este asunto lo radicó el CTI el 20 de agosto de 1997. En él quedaba establecido que los crímenes en el norte de Antioquia no eran aislados: “Hay elementos objetivos suficientes para pensar en una acción deliberada y sistemática de un grupo de personas a partir de motivaciones concretas, tales como eliminar delincuentes, exterminar la drogacción, enfrentar el avance de la guerrilla y la autoprotección, garantizándosela por ende a los ricos ganaderos y comerciantes para quienes supuestamente trabaja la organización”. Para esa época, Santiago Uribe Vélez, denunciado por un ciudadano, ya estaba siendo investigado, pero, en 1999, para sorpresa de la Fiscalía hoy se dictó resolución inhibitoria. En cristiano: dejó de investigar por falta de pruebas, pero no archivó el proceso por si acaso.

¿Existen evidencias que conecten a Santiago Uribe Vélez con todos esos crímenes? La Fiscalía dice que sí, y a su favor cuenta con declaraciones como la del mayor (r) Juan Carlos Meneses, quien se hizo comandante de Policía de Yarumal en 1994, o de Eunicio Pineda, un hombre que declaró haber sido trabajador de la finca vecina de La Carolina y a quien, supuestamente, los paramilitares intentaron acallar torturándolo hasta arrancarle los dientes con un alicate.

Santiago Uribe Vélez ha alegado en reiteradas ocasiones que este expediente no es otra cosa que una persecución política en contra de su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez; que Juan Carlos Meneses es un mentiroso a quien sólo conoció cuando apareció a declarar en su contra en 2010 y que Eunicio Pineda es un enfermo mental cuyo testimonio no tiene validez. La Fiscalía sostiene que hay una deuda enorme “en identificar a los máximos responsables y en superar la impunidad existente después de 20 años”, que actuaron con libertad en el norte de Antioquia y, a su antojo, ejecutaron un “plan de exterminio”.

Más allá del caso de Santiago Uribe, si algo queda claro con la reconstrucción de la historia del paramilitarismo en el norte de Antioquia, es la paradoja que se ve a diario en Colombia: el Estado sostiene hoy que hay que corregir la ausencia de justicia que el mismo Estado celebró ayer.

Informes de El Tiempo y El Espectador, Bogotá.