El jurista

Por Carlos Gaviria Díaz  

Mi propósito no es otro que exponer de modo descarnado, unas cuantas razones (a mi modo de ver concluyentes) en respaldo de la descriminalización de la eutanasia activa, como lo dispuso la Corte Constitucional, en fallo del 20 de mayo de 1997. Tuve el honor de elaborar la ponencia, aprobada con alteraciones que, en mi sentir, la debilitaron notablemente, pero ese es un asunto secundario frente al hecho histórico de haber dado un paso memorable en defensa de la dignidad y la libertad humanas.

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Exoneró de responsabilidad al médico que incurra en el homicidio por piedad  

Norma demandada: Artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal) “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años”.

Sentencia C-239 de 1997

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Intervención del senador Carlos Gaviria Díaz en el Seminario Internacional sobre el tema realizado en el Parlament de Catalunya, Barcelona, 27 y 28 de febrero de 2004.  

La Constitución colombiana de 1991 es una carta de paz y es significativamente una carta de paz porque, por primera vez, desde muchos sectores de la opinión pública nacional se pedía o una reforma constitucional o la expedición de una nueva constitución, y eso parecía preocupante, sintomático; preocupante en el buen sentido de la palabra: ¿qué será lo que se quiere? Y, naturalmente, si uno explora ese deseo tan generalizado y tan reiterado, lo que encuentra muy posiblemente es un deseo de paz, porque los colombianos estamos muy exacerbados y muy aburridos con la violencia inclemente a que venimos siendo sometidos.

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Por Carlos Gaviria Díaz  

1. Si se fuera a establecer un contrapunto entre la Constitución de 1886 y la de 1991, creo que ningún hilo conductor resultaría tan eficaz como el pluralismo consagrado por la última, desde el artículo primero, frente al reduccionismo que informaba a la anterior en sus disposiciones más significativas.

En efecto: el propósito del Constituyente de 1886 de "reconstituir" a Colombia como un Estado unitario, no estaba circunscrito al ámbito de la competencia política, desvertebrada en el rígido federalismo de la Constitución de Rionegro.

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Por Carlos Gaviria Díaz  

El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es un corolario de la filosofía liberal que reconoce como fundamental el derecho a disentir, pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo. Porque el rebelde es eso: un discrepante armado.

Esa tradición occidental que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo abruptamente la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave de los hechos pensables. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.

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Carlos Gaviria Díaz (ponente) 

Introducción y notas de María Yolanda Álvarez 

La ley 30 de 1986, sancionaba en el artículo 51 el porte de dosis personal de estupefacientes, así: a) pena de arresto hasta por 30 días y multa de medio salario mínimo legal mensual, si era la primera vez; b) por la segunda comisión dentro de los 12 meses siguientes al primer hecho, la sanción era arresto de un mes a un año y multa desde medio hasta un salario mínimo legal mensual; c) si se trataba de persona en estado de drogadicción, aunque fuera sorprendida por primera vez, la medida era internamiento en un establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para la recuperación; no obstante, la autoridad podía confiar al drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo, bajo responsabilidad de ésta, a una clínica, hospital o casa de salud, por el término dicho.

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