En el año 2016, ciento seis madres comunitarias interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional quien tuvo como ponente al Senador del Polo Democrático Alternativo Alexander López, exigiendo garantías para hacer efectivos sus derechos laborales y ser reconocidas como trabajadoras teniendo en cuenta que cumplen con funciones misionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo que, la Corte Constitucional profiere la Sentencia T-480 de 2016 la cual manda que el Estado debe formalizar laboralmente a las madres comunitarias y garantizar todos sus derechos laborales incluso el pago retroactivo de la pensión. Sin embargo, en febrero del 2017 el Estado en cabeza del presidente Juan Manuel Santos solicita anular el fallo de la Corte Constitucional con el argumento de que no se cuenta con el presupuesto suficiente para ello y que ellas ya cuentan con contratos que garantizan el cumplimiento de sus derechos laborales. 

Las madres comunitarias  han asumido la atención integral a la primera infancia en sus casas que hacen parte del programa Hogares Comunitarios de Bienestar que son administrados por más de 3.000 organizaciones conformadas por  Asociaciones de Padres y entidades   particulares encargadas manejar los recursos del Estado destinados a los niños menores de 5 años en riesgo de vulnerabilidad. Son éstas organizaciones, las empleadoras de las madres comunitarias, a  quienes vinculan por contratos a término fijo. Han sido las grandes luchas de las madres comunitarias organizadas en sus sindicatos, las que les han permitido avances laborales parciales, en el 2014 lograron contrato de trabajo a término definido, salario, prestaciones y afiliación a la seguridad social, a cambio de la llamada beca. No obstante, el gobierno no les ha garantizado el contrato a término indefinido, las mantiene tercerizadas, ahora con operadores privados que las discriminan, las persiguen, les demoran la paga y hasta las sacan a la calle y les roban el salario.  

Si bien es cierto que durante más de 25 años el Estado colombiano ha vulnerado los derechos laborales de las 70.000 madres comunitarias delegándoles la responsabilidad de atender la niñez en su propio hogar y en condiciones de informalidad, también es de reconocer que las madres  unidas persisten en lograr la contratación directa y su estabilidad laboral, así como la retroactividad salarial, prestacional y de seguridad social.

La histórica lucha de las madres comunitarias  evidencian el abandono y desdén del Estado al no asumir debidamente funciones tan esenciales como la educación preescolar y el cuidado de los niños, la atención y el acompañamiento de los adultos mayores y los enfermos, lo cual, conduce a que dichas funciones sean asumidas por mujeres bajo condiciones de súper explotación laboral como ha sucedido con las miles de madres comunitarias quienes, pese a que la Corte Constitucional se ha pronunciado en favor de sus derechos, continúan padeciendo toda clase de abusos en materia laboral.

Adicionalmente hay otras miles de mujeres en el país excluidas del mercado laboral quienes desarrollan labores indispensables sin recibir a cambio remuneración alguna. Esta condición de postración a la que se ven sometidas, es una de las formas de violencia contra las mujeres más extendida en la sociedad, y es tan reprochable como todas las demás. 

La formalización de las madres comunitarias  implicará  su transformación en educadoras y  que  la atención de los niños se dé en espacios institucionales del Estado dentro del  esquema preescolar, en donde se garantice  la  calidad además que  la administración de los recursos de  los niños no continúen en manos del clientelismo y de  avivatos inescrupulosos que se enriquecen a consta de la precariedad y el mal servicio.   

Lilia Avella

Vicepresidente de mujeres