Uno de los proyectos más polémicos del gobierno de Juan Manuel Santos es sin duda el que propone reformar constitucionalmente la justicia. Pese al boom mediático sobre las deficiencias de la justicia, con el ánimo coyuntural de justificar la iniciativa, tirios y troyanos han catalogado esta reforma como una amenaza a la independencia de la rama judicial y el acceso de los colombianos a la administración de justicia.

El progreso alcanzado por los países desarrollados ha tenido como pilares fundamentales, la defensa de la producción del empresariado nacional y el fortalecimiento del mercado interno. No habría forma de que las grandes empresas de estos países hubiesen surgido sin el apalancamiento, los incentivos y la protección de sus respectivos gobiernos y sin un mercado interno, una población con la capacidad adquisitiva para asimilar dicha producción y reactivarla en un círculo virtuoso.