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Así lo manifestó el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, quien en mayo y julio del año pasado, a través de derechos de petición, le solicitó al Gobierno Nacional separar de sus cargos a varios diplomáticos que han sido sancionados por faltas graves, o que se encuentran vinculados a procesos judiciales y disciplinarios, como era el caso del embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo.

El congresista señaló que el Gobierno pudo evitar una vergüenza internacional y retirar en su momento a Visbal Martelo del cargo diplomático, antes de que la justicia dictara medida de aseguramiento en su contra.

Cepeda dijo que espera una actitud honesta del embajador Visbal y “que venga a Colombia a responder por los cargos que le imputan, y no entre a engrosar la lista de exfuncionarios del gobierno Uribe que hoy son prófugos de la justicia en el exterior”.

A continuación las comunicaciones enviadas por el representante Cepeda al presidente Santos y a la canciller María Ángela Holguín en mayo y julio de 2011:

Bogotá D. C., mayo 19 de 2011

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad

Referencia: Derecho de Petición

Respetado Señor Presidente:

De manera comedida y en ejercicio del derecho de petición previsto en los artículos 23 de la Constitución Política y en el 6 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito se sirva ordenar la separación del cargo, como jefes de misión diplomática de Colombia en otros países a los ciudadanos que a continuación menciono, por ser objeto de delicadas investigaciones penales, algunas relacionadas con delitos internacionales, o presentar inquietantes antecedentes penales o disciplinarios, contrarios a la óptima calidad personal que exige el servicio diplomático:

1. El actual embajador en Perú, Doctor JORGE VISBAL MARTELO, quien tiene un proceso en el despacho de la Fiscal General de la Nación por posibles vinculación con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y alias Jorge 40 y sus actividades.

2. El General (R) MARIO MONTOYA URIBE, actual embajador de Colombia en República Dominicana quien tiene, a la fecha, seis investigaciones penales en la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia. El estado de esas investigaciones es: cuatro están en investigación previa, una en indagación y una en inhibitorio.

3. Los embajadores de Colombia en Honduras y ante la Organización de Estados Americanos OEA, doctores FRANCISCO CANOSSA GUERRERO y LUIS ALFONSO HOYOS, que fueron despojados de su investidura como parlamentarios colombianos por el honorable Consejo de Estado, por faltas gravísimas a sus deberes como congresistas. La sanción que de por vida recibieron los doctores Canossa y Hoyos, en Colombia equivalente a la llamada muerte política o inhabilitación para volver a ser elegidos, a mi juicio, no resulta ético ni presentable que en el contexto internacional sea convertida en el nacimiento a la vida diplomática.

4. El doctor CÉSAR MAURICIO VELÁSQUEZ, actual embajador en el Vaticano, que tiene una investigación en la Fiscalía General de la Nación, en la cual ya ha rendido interrogatorio, por el sonado caso de los seguimientos e interceptaciones ilegales del DAS a magistrados, políticos y periodistas.

Es preocupante la ligereza con que los últimos gobiernos han manejado los nombramientos diplomáticos, poniendo en varias oportunidades a cuestionables personajes como voceros de Colombia ante el mundo, con el consecuente riesgo de que, en cualquier momento y al amparo del Artículo 9 de la Convención de Viena de 1961, sean declarados personas non gratas por los estados receptores.

Al momento de solicitarle la rectificación de esta grave situación, me permito recordarle, como uno de los más ignominiosos y vergonzosos, el caso de Salvador Arana Sus, nombrado como embajador en Chile durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, después de que este escuchara en una audiencia televisada las denuncias que el alcalde del municipio de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, hiciera sobre su posible asesinato en un complot orquestado por Arana, quien para la época era el gobernador de Sucre y se encontraba sentado al lado del Presidente en la audiencia. El asesinato del alcalde se llevó a cabo pocas semanas después de ese episodio y el presidente Uribe nombró a Salvador Arana como embajador en Chile. La Corte Suprema de Justicia condenó luego a Arana a cuarenta años de prisión por ese crimen.

Cordialmente,

 

IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara

Iván Cepeda pide a Canciller que cumpla promesa de retirar a embajador en Perú

Bogotá D.C., 14 de Julio de 2011

Doctora
María Ángela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores

Ciudad.

Respetada Ministra:

El 19 de mayo de 2011 dirigí derecho de petición al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, mediante el cual solicité se ordenara la separación del cargo de algunos embajadores de la República de Colombia, entre los que incluí al actual embajador en Perú, señor Jorge Visbal Martelo, contra quien se adelanta un proceso penal por presuntos nexos con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Roberto Pupo, alias “Jorge 40”.

La Presidencia de la República remitió mi petición, por competencia, a ese Ministerio, el que mediante oficio No. 38129 de 30 de junio de 2011, suscrito por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, doctora Patti Londoño Jaramillo, señaló que: “ante la ausencia de antecedentes penales o sentencias ejecutoriadas en contra de los precitados Embajadores [incluye al embajador Jorge Visbal Martelo] y ante la inexistencia de causales que los inhabiliten, no procedería la separación del ejercicio de sus funciones…”

Sin embargo, la señora Ministra, en diálogo con la periodista María Isabel Rueda, publicado en el periódico El Tiempo el 13 de marzo de 2011, cuando se le pregunta, entre otros diplomáticos, por las criticas al embajador Jorge Visbal Martelo “por las investigaciones que tienen encima”, afirma que: “En ninguno de los tres casos hay investigaciones abiertas”[1]

Asimismo, en entrevista concedida al periódico El Espectador, el 28 de mayo de 2011, refiriéndose a las críticas que ha recibido el gobierno por tener embajadores investigados, entre otros a Jorge Visbal Martelo en Perú, afirma que: “Mientras sólo haya una investigación preliminar, el Gobierno asume la presunción de inocencia. El día que se abra una investigación formal por cargos, es otra cosa.”[2]

Ahora, según lo registran diversos medios de comunicación, el embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, ha sido llamado a rendir indagatoria por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. Se dice igualmente, que: “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue quien vinculó a Visbal a una investigación por sus presuntos nexos con las Auc.”[3]

Señora Ministra:

Ante esta situación, y haciendo uso de mi investidura como Congresista de la República, me permito reiterarle mi solicitud de 19 de mayo de 2011, en el sentido de que a la mayor brevedad, y con carácter urgente, se separe del cargo de embajador de Colombia en Perú, al señor Jorge Visbal Martelo, por ser de suma gravedad que un personaje cuestionable con cuentas pendientes ante la justicia sea vocero de Colombia ante el mundo.

Cordial saludo,

Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara

Bogotá.