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Revista Semana   


El presidente Juan Manuel Santos profundizó la polémica del fallo que condenó al coronel Plazas Vega por desaparición forzada en los operativos de retoma del Palacio de Justicia. Y lo hizo al pedirle público perdón al expresidente Belisario Betancur y a la institución del Ejército.



Todo porque el fallo del Tribunal Superior de Bogotá pide que la Corte Penal Internacional investigue presuntas responsabilidades del presidente del gobierno de entonces, Belisario Betancur, y ordena al Ejército colombiano, como institución, pedir perdón a las víctimas del holocausto. “... que a estas alturas pidan que una corte internacional lo juzgue (al expresidente Betancur) por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza. (...) Y por eso más bien le pido al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”, dijo Santos en un discurso público.


El discurso de Santos motivó una inmediata reacción del poder judicial. El magistrado Néstor Raúl Correa, rechazó las “críticas de Santos” al señalar que “se trata de una sentencia de un tribunal de la República, que debe ser acatada sin reparos”. Los jueces, agregó, “no pretenden ofender a nadie sino que aspiran a administrar justicia”.


“Desconocimiento a la justicia internacional”: víctimas


El perdón público de Santos fue asumido por dirigentes políticos de oposición y representantes de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia como un claro desacato a las decisiones judiciales.


“El perdón de quien es jefe del Estado, la máxima investidura del país, el máximo comandante de las Fuerzas Militares, es un mensaje negativo que envía a la comunidad nacional e internacional. Es un claro desconocimiento a la sentencia de un tribunal, al que la constitución le garantiza su independencia”, fue la primera reacción de Rafael Barrios, abogado del colectivo José Alvear Restrepo, y quien durante dos décadas ha defendido la causa de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia.


Barrios, además, considera que las palabras de Santos también significan la inmunidad a favor de un presidente de la República (Belisario Betancur) y el desconocimiento de sentencias de la justicia internacional, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en once casos en los que ha condenado al Estado colombiano ha pedido como medida reparación el perdón a las víctimas.


“El presidente se pone en contradicción con la justicia internacional. Su discurso es de doble moral, porque dice que acata los fallos, pero en sus palabras los desconoce”, considera Barrios.


“Presión a la justicia”: Robledo


Para el senador Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo, las palabras de Santos deben ser asumidas como una “injerencia indebida” en las “decisiones autónomas de los jueces de la República”.


Y aunque Santos haya dicho, desde el momento de su posesión (agosto de 2010), que no controvertiría las decisiones judiciales, Robledo considera que durante su gobierno la actitud ha sido otra: “no ha habido un solo fallo de los jueces a los que Santos no les haya dedicado alguna afirmación. Ha continuado la misma actitud del gobierno anterior, aunque con otras maneras, con otra ropa”.


Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo dice que pedir perdón al expresidente Betancur y al Ejército es un “claro desacatamiento a una sentencia”.


El presidente o el gobierno, dijo Navas, puede controvertir un fallo judicial, pero mediante los recursos que establezca la ley. En el caso de este fallo, se admite el de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “Si no están de acuerdo, que interpongan los recursos. Pero esos pronunciamientos lo único que hacen es desubicar a la ciudadanía”.


Navas también considera que Santos demuestra que “no conoce” los alcances del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, pues considera que la sentencia “no está condenando al Ejército, sino a un oficial que se excedió en el cumplimiento de un mandato constitucional, y en el que sugiere que un presidente de la República no estuvo a la altura, y por pasividad, permitió que miembros del Ejército cometieran algunos desmanes”.


Revista Semana, Bogotá, febrero 3 de 2012.