Por Octavio Quintero  

Uno que otro analista en Colombia toca tangencial y muy esporádicamente el tema de la deuda externa, con cierta preocupación por la forma como se ha ido expandiendo y, por ende, por la forma en que ha ido comprometiendo el presupuesto nacional en el pago de intereses y amortización a capital.
 
Uno podría preguntarse con cierta alarma si es que Colombia va entrando, o ya está atrapada, en una deuda pública como las que explotaron en Argentina y México, por citar dos ejemplos latinoamericanos; o en Grecia, cuyo coletazo aún sacude las primeras páginas de los medios europeos; o, para ser más actuales, la que tiene al borde del cese de pagos a Puerto Rico cuyo gobernador, Alejandro Padilla, acaba de promulgar una ley de emergencia que autoriza la suspensión de pagos de 72.000 millones de dólares de la deuda pública.

¿En qué anda la deuda pública de Colombia? El muy confiable columnista en estos complejos  asuntos, Aurelio Suárez, nos dice que (…) “pues, la deuda pública pasó en estos 16 años (2000/2016) de $64,5 billones, que equivalía en su momento al 31 por ciento del PIB, a $330,7 billones (diciembre de 2015), que ya representaba el 47 por ciento del PIB”...
 
¿Puede un país, con argumentos jurídicos, suspender el pago de la deuda pública, y aún negarse a pagarla, demostrando que son ilegales, inconstitucionales, abusivas, odiosas e ilegítimas?
 
La crisis por deuda pública ha hecho metástasis en el mundo neoliberal, y es a la luz de este resultado que los juristas sociales han dado en analizar el por qué de ésta situación, y han hallado a los culpables y sus delitos, certeramente descubiertos en el libro de Laura Ramos, “Los crímenes de la deuda”, que el prologuista, Éric Toussaint, resume bien en los siguientes términos:
 
(…) “Con el pretexto de favorecer el desarrollo, los llamados países subdesarrollados fueron endeudándose en condiciones tales que la deuda acabó convirtiéndose en un mecanismo permanente de sustracción de la riqueza creada por los pueblos y la naturaleza.
 
En realidad, los acreedores privados o públicos, bilaterales (los estados del Norte) o multilaterales (Banco Mundial, FMI, y otros), jamás tuvieron por objetivo el desarrollo económico, y menos aún el desarrollo humano de los países que se estaban endeudando con ellos. Sus objetivos reales eran bien distintos: facilitar el máximo provecho en el caso de los banqueros; asegurarse mercados en el extranjero en el caso de los Estados deseosos de favorecer a sus empresas exportadoras (fuesen públicas o privadas); conferirse medios de presión y de chantaje en el caso de los Estados y los acreedores multilaterales, para armarse con instrumentos de dominación política…
 
“Objetivos diversos, en efecto, pero que en todo caso nada tienen que ver con desarrollo alguno: préstamos para fábricas que nunca entraron en funcionamiento o funcionaron muy poco; préstamos para megaproyectos energéticos que destruyen el medio ambiente y conllevan el desplazamiento forzado de las poblaciones; préstamos para privatizar, préstamos para disminuir las protecciones arancelarias, préstamos para eliminar las subvenciones a los productos y servicios básicos, préstamos para comprar armas, préstamos para ganar una campaña electoral, préstamos para incrementar el IVA, préstamos para conseguir la total libertad de circulación de los capitales y para garantizar el secreto bancario, préstamos para suprimir el control de cambios, préstamos para respaldar a una dictadura, préstamos sobre los cuales, gobiernos corruptos, cobran inmutablemente fastuosas comisiones, préstamos para rembolsar los préstamos odiosos anteriores. Todo ello, nada tiene que ver con el desarrollo humano.
 
“Los que pretenden que esta problemática es cosa del pasado están mintiendo. Los nuevos préstamos para reducir la pobreza y favorecer el crecimiento, en realidad, son préstamos para propagar la pobreza, ya que las macro políticas que los acompañan destruyen y fragilizan aún más las economías de los países endeudados.
 
En los países del Sur, las clases pudientes, y una parte más o menos grande de la clase política,  colaboran sin avergonzarse con el sistema de endeudamiento público. Endeudan a su país, a su ciudad, a su empresa, arreglándoselas para que el pueblo pague la factura. Algunos de ellos, auténticos parásitos, cobran comisión en dos ocasiones: de ida, al llegar el préstamo, y de vuelta, al pago del servicio de la deuda.
 
Un gobierno en busca de los medios para garantizar la satisfacción universal de los derechos humanos, no debería recurrir al préstamo más que en pequeñísima dosis. La auditoría ciudadana, si la practica un amplio movimiento social, significa la irrupción de las poblaciones en la escena política con el fin de poner en práctica la democracia. Es tan sencillo y ambicioso como eso”.

Fin de folio: No solo de paz vive la principal información que se le suministra a la opinión pública colombiana, sino de todo aquello que hace parte de su presente incierto y de su azaroso futuro.