Por Juan Manuel López Caballero   

Los medios se han apoderado de la función de los órganos institucionales: imponen las prioridades de la agenda del Gobierno; no se contentan con ser fiscales sino condenan como si fueran jueces.

Me encontré por casualidad una publicación con el título de La agonía del periodismo y pensé en el tema de actualidad por lo sucedido con la periodista de RCN.

Los enfoques que se han oído hasta el momento giran alrededor de una publicación inapropiada, o cuando no es así, alrededor de la persona que la hizo.

Hay aspectos de Derecho que se derivan, con argumentos como la violación al derecho a la intimidad, o la pertinencia de lo publicado para los procesos a los cuales se le trataba de vincular; otros han destacado  el tema ‘ético’ del mal causado como ‘daño colateral’ a personas no directamente involucradas.

Pero más allá del caso, de la persona, y de las opiniones jurídicas o morales lo que más llama la atención es que se rompe un principio (por lo demás bastante malo) según el cual hasta ahora los periodistas nunca tenían que responder o sufrir las consecuencias de sus culpas.

La anterior Constitución apenas decía que ‘la prensa es libre pero responsable’ como si eso no fuera lo mismo para todos los ciudadanos. La carta actual lo cambió a ‘son libres y tienen responsabilidad social’, pero en lo único que se ha aplicado es a los tipos penales de injuria o calumnia que además de ser comunes a todo ciudadano son simplemente corregibles con la rectificación, sin consideración alguna al mal causado.

Incluso poco cumplimiento tenían cuando se recuerdan casos como el de la difamación del periódico El Espacio que en la corrección simplemente decía y repetía: “Por orden del Juez N° X tenemos que decir que es mentira que (aquí la afirmación falsa) pero seguimos pensando que es cierto que (y repetían la falsedad)”. Por obvias razones también recuerdo que en relación al fallo por informaciones tergiversadas en el caso de La Libertad el programa de Caracol ‘7 am. ; 9 am.’, que en su hora de mayor sintonía había editorializado con falsedades, ante la orden de rectificar emitida por el juzgado lo hizo en un ‘avance’ a las 5 am. O El Espectador fue aún más allá, negándose a reconocer su error y acatar la orden judicial, limitándose a decir que dejaban un espacio en blanco equivalente al ocupado para difamar porque la conclusión del juez era contraria a lo que ese diario creía, y que por eso consideraban que con eso cumplían el propósito ordenado.

Otras situaciones fueron las de Edgar Perea sancionado no como periodista sino por meterse a político (o puede ser que por negro); o la de la salida de Hernando Gómez Buendía que por no ser periodista se consideró plagio el citarse a sí mismo sin poner comillas.

El problema se ha concretado en que como ese poder —que antes se llamaba cuarto pero que hoy nadie discute que es el primero— no tiene en la institucionalidad una función definida, son ellos mismos, los periodistas, quienes se autoasignan o arrogan (no ‘abrogan’, como casi siempre dicen) la misión y el derecho que les parece.

En la recopilación de ensayos mencionada arriba se destaca y asume en las presentaciones que la prensa tiene como función ser el guardián de la sociedad; y la agonía a la cual se refiere es a la forma en que los diferentes poderes habrían comenzado a ‘contaminar’ esa ‘sagrada misión.’

Sin embargo el desarrollo ha sido el contrario, y quienes se han apoderado de la función de los órganos institucionales son los medios: ellos imponen las prioridades de la agenda del Gobierno; no se contentan ni siquiera con ser fiscales sino condenan como si fueran los jueces; y ellos son quienes acaban determinando tanto el orden del día como la forma en que se vota en el Congreso.

Como en los tiempos de la inquisición ellos califican lo correcto e incorrecto tanto en los valores sociales como en la naturaleza de las personas. La bendición de  los medios promueve hasta el más alto cargo al más incapaz de los personajes; y su maldición o indiferencia acaba con el presente y el futuro de quien no es su consentido; Por supuesto algo similar sucede con los proyectos o políticas que ellos aprueban o desaprueban.

Como en la inquisición intentar su censura o atentar contra el derecho de guardar reserva de la forma como consiguen su información (antes la tortura o la confesión; hoy el amparo o la persecución mediática). Y lógicamente la solidaridad gremial los envuelve en un pacto según el cual nunca se ‘pisarán las mangueras’ y nunca una estrella de esa actividad cuestionará a otra: eso desgastaría la ascendencia que hoy tienen, como lo hubiera hecho que en el siglo XVI un inquisidor sentenciara a otro por los abusos que se cometían.

Por eso el caso de Vicky Dávila es importante: es la primera vez en que, aunque no rompió el aspecto tipo omerta de los periodistas, algún ‘peso pesado’ de la prensa deja de ser intocable; por supuesto el tema ha sido tratado apenas por el lado del escándalo que llevó a eso y no por ese otro significado… Como en el proverbio chino, “un largo camino comienza por un paso”.