Por Juan Manuel López Caballero   

¿Hasta dónde tienen voluntad nuestros gobiernos o el Estado capacidad para cumplir lo que se suscribe? No se trata de poner en duda la conveniencia de un acuerdo con las Farc porque ya se ha dicho que éste, más que necesario, es indispensable como requisito para buscar la paz.

Lo que ha sucedido es que quienes están en contra de la firma de ese acuerdo —algunos por dar prioridad a los temas del castigo, otros por exigir que se trate como una derrota de la insurgencia, y algunos porque simplemente prefieren la guerra—  han logrado desviar los debates y los análisis hacia el contenido de lo que eventualmente se suscribiría, dejando de lado temas que pueden ser más relevantes.

Porque un tema es el llamado ‘conflicto armado’ que enfrenta al estado contra la insurgencia, y otro la violencia endémica que caracteriza al país y que está en la raíz de ese conflicto armado.

En otras palabras, el tema que tratamos no es como ahora lo presentan, el de unos malvados colombianos que por una naturaleza degenerada decidieron tomar las armas para hacerle males a la ciudadanía. Todos sabemos que es algo mucho más complejo, y por eso que ellos abandonen la confrontación no basta para encaminarnos hacia el deseado objetivo.

Cada día vemos más cómo la disolución de la institucionalidad se manifiesta a su turno en más disolución del tejido social.

Pruebas de esto las manifestaciones en Bogotá contra Trasmilenio; o al hacer seguimiento al caso de las prisiones, contar todos los días más de treinta nuevos detenidos sin saber cómo los manejan; o ver como se desmantela la rama judicial en la cúpula mientras se paraliza el funcionamiento en la base;  o como la ‘justicia por mano propia’ llega a ser la respuesta en situaciones como la de las dos modelos enfrentadas. No se diga los abusos de los cargos públicos, la criminalidad por parte de quienes deberían impedirla, o la misma violencia intrafamiliar.

Un país sin un sistema de resolución de conflictos, en el cual nadie cree en la Administración de Justicia —lo cual es un hecho ya fuera de discusión—, ni respeto o credibilidad en nada diferente de las convicciones individuales es inevitablemente un caldo de cultivo para la violencia y la insurgencia. Violencia entre ciudadanos e insurgencia contra el Estado.

Hoy la problemática ya no es que ‘la justicia es para los de ruana’. La dificultad es que mientras más se necesita esa Justicia, más ineficiente o incluso más inexistente aparece. Mientras más se manifiestan los problemas sociales de desigualdad, de desempleo, de falta de respuestas a las necesidades básicas de la población, y más se aspira a que la razón de ser del Estado sea el bienestar ciudadano, más se encuentra que quienes lo dirigen defienden como prioridad la ‘salud económica’ de ese Estado en detrimento de lo que padece la población, y más acuden a la represión y al engaño o manipulación virtual para imponer un modelo que solo así sobrevive.

No es un secreto que tal como están las cosas se generarán nuevas modalidades de estructuras delictivas, tanto alrededor del narcotráfico como de la delincuencia organizada.

Las preguntas o debates deberían ser ¿hasta dónde tienen voluntad nuestros gobiernos —a comenzar por el actual— o el Estado capacidad para cumplir lo que se suscribe? Porque las obligaciones no son para las Farc ya que esas desaparecen con su desmantelamiento o dejación de las armas. Pero para nadie es un secreto que tal como están las cosas eso generará nuevas modalidades de estructuras delictivas, tanto alrededor del narcotráfico como de la delincuencia organizada y muy probablemente de grupos subversivos protestatarios. ¿Entonces: fuera de la sanción a los individuos qué posibilidad hay de imponer el cumplimiento de lo que se comprometan? ¿Acaso no se volverá solo responsabilidad personal lo que corresponde a la contraparte?

Ese es el verdadero escenario del ‘posconflicto’ y la preparación de cómo se enfrentará esto es lo que debería estar sobre el tapete. La respuesta hasta ahora es que no se desmantelará la capacidad represiva, ni se cambiarán los modelos económicos o políticos, que se niega la posibilidad por no decir la necesidad de una Nueva Constituyente. Y lo confirma que ni siquiera se plantean las reformas a la Justicia, a la Salud, a la Educación, ni se crea el Estatuto del Trabajo, sino solo se habla de llevar al Congreso una nueva Reforma Tributaria.

En vez de propuestas orientadas a corregir las deficiencias del modelo, se busca reforzarlas, tanto con las medidas que se toman, como con las presentaciones que se hacen, según las cuales los resultados son magníficos, y que así lo demuestra la forma en que los califican quienes los ordenan y quienes de ellos se benefician (‘mejor ministro de Hacienda del continente’; ‘mejor policía del mundo’; ‘país modelo en la administración de la crisis’; ‘mejor socio de los Estados Unidos’; ‘ejemplo exitoso de la lucha antidrogas’).

En concreto: la paz no depende de lo que firme una guerrilla sino de lo que haga —y no de lo que muestre como propaganda— un gobierno.