Por Juan Manuel López Caballero  

¿Puede el presidente cambiar a su antojo o criterio personal las tarifas de un servicio público? ¿Tiene la competencia jurídica para ello?

En un artículo sobre el cuento del ahorro de energía señalaba que disminuir el consumo no es lo mismo que ahorrar; que la parte de la generación que corresponde a las térmicas no representa ahorro; que solo en lo que se podría ahorrar —en el sentido de no permitir que se gaste ahora para que se pueda alargar la disponibilidad sin acudir al racionamiento forzoso— sería en la reducción de la disminución de los embalses (que no se informa si está sucediendo); y que no se sabe lo que realmente significan las cifras que proclama diariamente el presidente, pero sí que se está manipulando un mensaje errado o tramposo al trasladar la culpa del problema a la ciudadanía.

Prueba de lo poca clara que es la información es que en todo caso la disminución de los días de Semana Santa, al compararlos con las fechas similares, lo que muestra no es que se esté ahorrando sino que eran días festivos en los que industria y oficinas no trabajan; disminuyendo el consumo como lógica de las fechas pero no por el ahorro de los hogares colombianos.

Un lector me pregunta sobre mi opinión respecto a los cambios en los cobros como estrategia para fomentar ese ahorro.

Y eso sí que suscita aún más preguntas sobre el mundo virtual de lo que dice el presidente.

De  hecho tendría que ver mucho más con el resultado el efecto de apelar a la conciencia ciudadana que el de los ‘incentivos económicos’ para promover la disminución del consumo; el eventual o supuesto recargo por gastar más agua del promedio por definición sería ocasional y excepcional  bajo las actuales circunstancias (cuando todos estamos conscientes de la situación); y la supuesta reducción en la tarifa solo motivaría a los muy escasos a quienes les cambiaría su factura, ya que de los más pobres pocos se dan el lujo de gastar agua en exceso, y a los más ricos poco los afecta esa disminución. Como solo a los que gastaran exactamente la misma cantidad les aplicaría la tarifa vigente, todos tendríamos facturas modificadas.

Pero eso en el caso en que esa medida realmente existiera.

Las preguntas sin embargo son: ¿puede el Presidente cambiar  a su antojo o criterio personal las tarifas de un servicio público? ¿Tiene la competencia jurídica para ello? ¿Tiene el Estado los instrumentos para implementar esa decisión?

Si eso fuera posible como facultad dentro del poder del ejecutivo, tendría que hacerlo para todo el país, como lo proclamó Santos. Pero la distribución la manejan decenas de empresas que, según el tamaño de las regiones y ciudades que cubren, tiene diferentes capacidades de control y de cobro. Pocas pueden organizarse de un día para otro para tener tres tarifas diferenciales —la normal la del recargo y la del ‘ahorro’— (acabarían midiéndose tres aunque solo cobrando dos, pero la del consumo promedio anterior tendría que ser la referencia para subir a bajar la tasa).

Pero además, el recargo o la reducción no afectarían al Estado sino a las empresas distribuidoras, parte de las cuales son mixtas o incluso privadas. No se entiende que se diga que se pueden modificar las condiciones de negocio por una simple decisión gubernamental, ni como se contabilizarían o reflejarían esas afectaciones tanto en los balances como en los estados de resultado.

Mentira también que se puedan adelantar los ‘cortes programados’ según la definición de la ministra encargada. O por lo menos no estaría en manos del gobierno decidir cómo se haría esto, pues cada distribuidora tiene diferentes periodos y diferentes sectores que atender y sería imposible que una autoridad central asumiera esa responsabilidad.

Y lo que queda pendiente es el caso de Creg. Pero no tanto por la apertura de investigación de la Procuraduría —en este momento ninguna reacción ante la crisis— ni siquiera la de renunciar, o responder por qué no lo hacen cuando es prácticamente un pedido general.