Gustavo Gallón

Por Gustavo Gallón  

Los grupos paramilitares no han sido desmantelados en Colombia, y es grave la negación de su existencia a pesar de las “preocupantes evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con estos grupos”, según el informe anual sobre Colombia presentado ayer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la alta comisionada para los derechos humanos.

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Por Gustavo Gallón  

Nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación. Al respecto, ha habido siempre dos orientaciones. Una es la de favorecer a quienes tienen recursos en bancos, industria y otras empresas porque así habrá más empleo y se generarán más productos para ser comprados por los consumidores y mantener activa la economía.

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Por Gustavo Gallón

Así define la situación de la población afrocolombiana la experta independiente de Naciones Unidas sobre Minorías, que visitó nuestro país y advirtió tres evidencias inocultables al respecto: una descomunal pobreza de las comunidades negras, una desproporcionada violencia en su contra y una sistemática inaplicación de las soluciones identificadas para eliminar esta persistente discriminación.

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Por Gustavo Gallón

Naciones Unidas ha recomendado desde los años 90 que se “establezcan diversas formas de servicio alternativo para los objetores de conciencia que sean compatibles con las razones de la objeción de conciencia, que tengan carácter civil o no combativo, que redunden en el interés público y que no sean de naturaleza punitiva”.

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Por Gustavo Gallón

Los crímenes del DAS no habrían podido conocerse si hubiera estado vigente antes la ley de inteligencia, declarada inconstitucional por la Corte el 16 de noviembre.

Los periodistas que los revelaron a comienzos de 2009 podrían ser condenados a una pena de 5 a 8 años de prisión, la misma de un paramilitar sometido a la “ley de justicia y paz”. Y la ex directora del DAS, hoy asilada en Panamá, habría podido negarse a decir quién le dio la orden de hostigar ilegalmente a magistrados de la Corte y defensores de derechos humanos, amparada en una norma que exonera a los agentes de inteligencia del deber de declarar y de denunciar delitos.

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