Por Gustavo Gallón  

Con la operación Andrómeda y la corrupción descubierta en contratos militares, el Gobierno está siendo víctima de su propio invento por haber promovido la ley de inteligencia 1621 de 2013, que fomenta graves abusos de poder por parte de los agentes secretos del Estado.

Ante todo, al haber autorizado dicha ley el “monitoreo del espectro electromagnético”, facilitó la violación de la exigencia de orden judicial para cualquier interceptación de comunicaciones.

Si bien la Corte Constitucional advirtió que ese monitoreo debe limitarse a efectuar un “rastreo indeterminado” y no permite la fiscalización de “alguien en particular”, la distinción entre las dos actividades es muy difícil de establecer y, especialmente, de controlar.

Por eso, la ley habría debido ser aguda en controles, pero de manera insensata hizo lo contrario. Redujo el control externo, al facultar al presidente de la República para suspender el acceso de la Comisión Legal Parlamentaria a la información de inteligencia. Confió todo al control interno, ejercido por el inspector de la respectiva fuerza, quien rinde informe anual reservado al Ministerio de Defensa. Además, exoneró a los agentes de inteligencia de la obligación de declarar y del deber de denunciar delitos, salvo que sean de lesa humanidad. La interceptación ilegal de comunicaciones y el tráfico de influencias en contratos son delitos muy graves, pero no son de lesa humanidad.

La ley también estableció que “bajo ninguna circunstancia podrá ser divulgada” la identidad de un agente de inteligencia que haya sido cambiada. El Gobierno se negó a establecer como excepción el descubrimiento de la identidad en caso de investigación de delitos. Más aún, dispuso que se les podrá negar a las autoridades penales, disciplinarias y fiscales la entrega de documentos sometidos a reserva. Antes de la nueva ley, no se le podía negar a un juez la entrega de información reservada, aun cuando obviamente el juez estaba obligado a mantener la confidencialidad. Adicionalmente, esta ley amplió la duración de la reserva, que antes era de 30 años, a 45, cuando la tendencia mundial es a reducirla.

No es de extrañar, entonces, que lo único que se ha informado oficialmente de las chuzadas sea un reporte del Inspector del Ejército que concluye que la fachada del restaurante para realizar la Operación Andrómeda es legal. Difícilmente se va a revelar algo más, con todo el blindaje establecido en la ley para encubrir los delitos cometidos por agentes de inteligencia.

Pero lo que hay que preguntarse es qué necesidad había de montar esa fachada, si el monitoreo del espectro electromagnético habría podido hacerse en forma más tranquila y más segura desde un cuartel. La respuesta parece ser que la fachada permitía al Ejército vincular a “hackers” privados para interceptar las comunicaciones de los negociadores de La Habana y de “los de siempre”, como confesó un soldado. En tal caso, el Ejército, fiel a su tradición, habría manipulado a civiles para realizar tareas militares, lo cual sí es ilegal: paramilitarismo cibernético, ni más ni menos. “Una mafia”, como diría el saliente comandante de las Fuerzas Militares.

El Espectador, Bogotá.