Por Gustavo Gallón  

“La tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada, del castro chavismo”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe el pasado 9 de noviembre en su carta al ex senador Álvaro Leyva al rechazar su invitación a apoyar las negociaciones de paz con las Farc. En su opinión, “la iniciativa privada queda gravemente arriesgada en los acuerdos con la (sic) Farc”.

No se tomó el trabajo de explicar por qué, pero se refería al acuerdo sobre tierras, al que también calificó como una capitulación porque “busca desconcentrar y repartir la propiedad”. Cabe preguntarse si es posible una paz duradera en Colombia sin introducir correctivos de fondo a la tenencia y la productividad de la tierra, y si lo que se está pactando con las Farc corresponde a una visión totalitaria.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y parte importante de ese fenómeno se expresa en la aberrante concentración de la tierra. Este ha sido siempre un asunto grave, y por eso en 1936 se aprobó la ley de tierras, para promover el acceso del campesinado a la propiedad rural. La violencia de los años 40 y 50 en nuestro país está marcada en parte importante por la reacción latifundista contra dicha ley. En los años 60 se intentó promover la reforma agraria, que a su vez generó una agresiva contrarreforma, expresada especialmente en el Pacto de Chicoral de 1972, seguida por la persecución sangrienta al movimiento campesino y por la descomunal usurpación de tierras efectuada a través del paramilitarismo.

Entre 1960 y 1997, los propietarios de más de mil hectáreas, como Uribe, que eran el 0,35% del total, pasaron a detentar casi la mitad de la superficie agrícola (el 44,99%). El coeficiente de Gini en relación con propietarios rurales, que marca 1 para indicar el nivel de total desigualdad, se situó en 0,891 en 2010, cuando el 13,7% de ellos tuvieron en sus manos el 77,6% de las tierras. Lo mínimo que debería hacer el Estado para asegurar la paz entre los colombianos es corregir esta injusticia y generar condiciones para desarrollar una sociedad más igualitaria. Un paso importante en esa dirección, aunque insuficiente, es la ley 1448 de 2011, sobre víctimas y restitución de tierras.

En La Habana, por su parte, se ha acordado lograr en diez años “la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza rural en un 50%”, dando vigencia a fórmulas institucionales adoptadas, entre otras normas, en la ley 160 de 1994, pero que no han tenido cabal aplicación, como la extinción de dominio de predios inexplotados y las zonas de reserva campesina. Calificarlas de castro-chavistas no es serio. Pero si hasta los Lleras fueron acusados de totalitarios por promover en su momento la reforma agraria, no es extraño que el uribismo retome las banderas históricas de los contradictores de la misma en Colombia con el embuste del castro-chavismo.

Lo que sí no es un embuste son las criminales operaciones de despojo de tierras, tanto las legalizadas desde el Incoder durante la presidencia de Uribe, como las realizadas a través de las “Convivir” que autorizó a los paramilitares el gobernador de Antioquia, las cuales están en mora de investigarse judicialmente.

El Espectador, Bogotá.