Por Gustavo Gallón   

"¿Y si subcontratamos el servicio de Congreso con una firma suiza o alemana?", se preguntaba hace unos días el tuitero ‘erizodemar’ (El Espectador, junio 23/12, p. 34). Es un buen chiste, pero no bastaría con el Congreso, porque en la crisis desatada por la reforma a la justicia confluyen varias ramas del Estado, unidas por un designio común: garantizar la impunidad de quienes han ejercido abusivamente el poder.

El texto conciliado es bastante grotesco al respecto. Allí se establece desde una prescripción de dos años y medio para delitos cometidos por congresistas, hasta la liberación inmediata de altos funcionarios delincuentes del anterior gobierno, pasando por la imposibilidad de seguir juzgando a parapolíticos, entre otras.

No menos bárbara, aunque más sofisticada, es la impunidad resultante del marco jurídico para la paz. Para las violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho humanitario autoriza criterios de “selección” y “priorización”, de tal forma que se juzgue solamente a los principales responsables de ellas, pero se les suspenda la pena, y en los casos no seleccionados se “renuncie a la persecución judicial penal”. Todo un galimatías para dejar en la impunidad crímenes graves.

De manera igualmente refinada, la reforma del fuero militar pretende “armonizar el derecho penal nacional con el derecho internacional humanitario”. Se asume, equivocadamente, que el derecho internacional humanitario permitiría en la guerra matar a no combatientes o interrogar a civiles por militares, conductas que las normas nacionales consideran delito y que esta reforma quiere despenalizar. Más impunidad, en un proyecto que debe todavía surtir cuatro debates. También se discute en el Congreso la prórroga de la Ley 975, que permite rebajar penas a los paramilitares.

Esta feria de la impunidad contrasta con la sumisión ante la solicitud de extradición del general Santoyo hecha por EE.UU. Parece que será la única forma en que responda por graves crímenes que el gobierno anterior le encubrió, como complicidad con paramilitares y narcotraficantes e interceptaciones ilegales. También será la administración estadounidense la que garantice justicia al exdiputado Sigifredo López, después de que el FBI ha dictaminado su inocencia.

A mediados del siglo XIX, el secretario de Hacienda Florentino González propuso que Colombia se anexara a los EE.UU., como solución para su desarrollo. Afortunadamente esa tentación herodiana no prosperó, pero las instituciones nacionales solamente parecen tomar en serio los derechos de la población cuando los exige un poder supranacional, como EE.UU. (de hecho), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de derecho).

La equivocada reforma a la justicia hay que sepultarla a través del referendo derogatorio, que además debe ser el punto de partida para derogar también

las otras iniciativas orientadas a garantizar impunidad y, por el contrario, reclamar el fortalecimiento efectivo del Estado Social y Democrático de Derecho. Si no, va a tocar lamentablemente subcontratar el Estado, como propone ‘erizodemar’.

El Espectador, Bogotá.