Por Gustavo Gallón  

Suponga que usted es extranjero y le ofrecen la nacionalidad colombiana. En los papeles de nacionalización usted alcanza a distinguir tres cláusulas en letra menuda que dicen así:

1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios.

La jurisdicción militar será la encargada de estudiar esos comportamientos, conforme a una ley estatutaria que indicará cuándo tales conductas no serán consideradas actos propios del servicio a cargo de la fuerza pública.

2. Igualmente, usted acepta que el Gobierno renuncie a la persecución judicial penal de tales delitos cuando sean cometidos por guerrilleros o paramilitares que celebren acuerdos de paz, o por los mismos miembros de la fuerza pública. Como consuelo, su caso podrá ser eventualmente reseñado en un informe de una Comisión de la Verdad que se creará para el efecto.

3. También acepta usted que los miembros de su familia o usted mismo puedan ser encarcelados sin orden judicial, en cualquier momento, hasta por 72 horas, por decisión de cualquier policía, soldado o funcionario del Gobierno.

Si tiene objeciones a lo anterior, como decir que no le merecen confianza los tribunales militares por ser ellos juez y parte, le responderán que no se preocupe porque estadísticamente es baja la probabilidad de que usted sea víctima de violaciones por la fuerza pública. En los últimos diez años, apenas unos dos mil civiles han sido asesinados por militares y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Son “casos aislados”.

Si usted dice que le da miedo que los guerrilleros o los paramilitares lo ataquen, le dirán que tampoco se preocupe, porque el presidente tiene la llave de la paz con los primeros, y que los segundos ya no existen, porque el Gobierno les cambió su nombre por el de “bacrim”.

Y si teme ser encarcelado sin orden judicial, le dirán que es porque algo debe. No importa que usted alegue que la prohibición de arrestar a cualquier persona sin orden judicial fue uno de los temas de mayor consenso en la Constitución de 1991 para superar el estado de barbarie que existía en la anterior Constitución, que autorizaba por el contrario al gobierno a retener hasta por diez días a quienes considerara sospechosos.

Si, en fin, usted pregunta por qué a los criminales los favorecen con medidas de impunidad mientras que a las personas comunes las pueden encarcelar cuando el gobierno quiera, le dirán… ¿Qué le dirán? Estas tres cláusulas están siendo introducidas actualmente a la Constitución en el Congreso. ¿Aceptaría usted la nacionalidad colombiana en tales condiciones?

El Espectador, Bogotá.