Gustavo Gallón

Por Gustavo Gallón  

“La tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada, del castro chavismo”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe el pasado 9 de noviembre en su carta al ex senador Álvaro Leyva al rechazar su invitación a apoyar las negociaciones de paz con las Farc. En su opinión, “la iniciativa privada queda gravemente arriesgada en los acuerdos con la (sic) Farc”.

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Por Gustavo Gallón Giraldo  

En la impunidad pueden quedar los mal llamados “falsos positivos”, o el escandaloso espionaje de la Operación Andrómeda, y otros crímenes peores. Un proyecto de ley que cursa sigilosamente en el Congreso dispone que solo la jurisdicción militar tiene competencia sobre delitos perpetrados por militares y policías contra la seguridad pública (como el paramilitarismo), contra la protección de la información y de los datos, contra la población civil (como el saqueo y la devastación), o lesiones personales (como los tratos inhumanos y las mutilaciones).

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Por Gustavo Gallón  

Con la operación Andrómeda y la corrupción descubierta en contratos militares, el Gobierno está siendo víctima de su propio invento por haber promovido la ley de inteligencia 1621 de 2013, que fomenta graves abusos de poder por parte de los agentes secretos del Estado.

Ante todo, al haber autorizado dicha ley el “monitoreo del espectro electromagnético”, facilitó la violación de la exigencia de orden judicial para cualquier interceptación de comunicaciones.

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Por Gustavo Gallón  

La Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano por las macabras violaciones perpetradas en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica (municipio de Riosucio, Chocó).

Tres mil quinientas personas fueron desplazadas como consecuencia de una acción coordinada entre paramilitares y Ejército. El día 28 de ese mes, los paramilitares aterrorizaron a la población decapitando sin piedad al campesino afrodescendiente Marino López Mena, luego de lo cual jugaron fútbol con su cabeza y arrojaron su cuerpo desmembrado al río.

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Por Gustavo Gallón  

Mientras que Standard & Poor's le subió la nota a la deuda colombiana en abril, pasándola de BBB- (triple B menos) a BBB, el Comité de Derechos Humanos acaba de darle al gobierno de Colombia la peor calificación posible, al pasarlo de B2 a E.

Así calificó el cumplimiento de la recomendación de tomar medidas para enfrentar la impunidad por los mal llamados “falsos positivos”.

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Por Gustavo Gallón   

"¿Y si subcontratamos el servicio de Congreso con una firma suiza o alemana?", se preguntaba hace unos días el tuitero ‘erizodemar’ (El Espectador, junio 23/12, p. 34). Es un buen chiste, pero no bastaría con el Congreso, porque en la crisis desatada por la reforma a la justicia confluyen varias ramas del Estado, unidas por un designio común: garantizar la impunidad de quienes han ejercido abusivamente el poder.

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Por Gustavo Gallón  

Suponga que usted es extranjero y le ofrecen la nacionalidad colombiana. En los papeles de nacionalización usted alcanza a distinguir tres cláusulas en letra menuda que dicen así:

1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios.

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Por Gustavo Gallón  

Un aspecto central de la propuesta gubernamental de reforma a la justicia militar es la falsa idea de que se necesita "armonizar el derecho penal con el derecho internacional humanitario".

Supone ello que tocaría modificar la legislación penal para que los militares ganen la guerra realizando ciertas conductas que estarían permitidas por el derecho humanitario. El derecho humanitario no es permisivo sino prohibitivo; es equivocado derivar de él autorizaciones para realizar actos de guerra.

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