Por Amaury Nuñez

21 de diciembre del 2017

La Coalición Colombia liderada por Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo definió al primero como su candidato presidencial y acordó un programa con el que se presentará en las elecciones presidenciales del año entrante.

La alternativa representada en la base programática de la Coalición Colombia entusiasma. Por su forma, porque fue elaborada durante un año de discusiones, además del conocimiento profundo que del país tienen López, Robledo, Fajardo y su equipo de compromisarios. Por su contenido, al oponer a la política social y la macroeconomía del libre comercio un plan de modernización capitalista tan necesario y urgente para el país.

Como se lee en su programa: “Una alternativa independiente, con soluciones a los problemas sociales, ambientales y económicos del país”. Nuevas visiones con nuevos protagonistas. De tal modo que los lineamientos van desde la búsqueda de la garantía de derechos como vivienda, salud, educación o servicios públicos hasta un plan para la reactivación económica y la creación de una comisión para la revisión de los Tratados de Libre Comercio, con fundamento en los grandes problemas nacionales.

Son 13 puntos que recogen un año de discusiones, recorridos por todo el territorio nacional y las demandas de organizaciones sociales, ciudadanos, jóvenes, mujeres, trabajadores, empresarios y campesinos. Esta no pretende ser una exposición de todo el programa, sino resaltar algunos temas considerados centrales de todo su texto.

Lucha contra la corrupción

Esa base programática unificada es un hecho inédito en la historia del país. Durante medio siglo de acuerdos del bipartidismo liberal conservador las componendas clientelistas han sido la base. Los corrillos oficiales alimentaron el tiburón de la corrupción a partir del “como voy yo”. Compraron votos y se enriquecieron con el erario, y así gobernaron hasta el son de hoy.

Contra la corrupción y el clientelismo, que son parte esencial del sistema político colombiano. No se pudrió una manzana sino toda la cesta, con actores de los sectores público y privado. El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, muestra que en el año 1996 Colombia ocupaba el puesto 42 y en el año 2016 el puesto 90. Empeoró 48 puestos. Hoy 17 de cada 100 pesos del valor de los contratos que se firman en el país equivalen a sobornos.

La creación de un Tribunal de Aforados que investigue y juzgue a los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación, así como la materialización de una vigilancia más rigurosa a los ingresos tributarios y la lucha contra de la evasión encarnan una necesidad nacional de primera línea.

Ni un peso por un voto, reforma a la justicia y al sistema electoral, transparencia en el accionar del Estado, asignación participativa de los recursos públicos y mayor dureza en las sanciones a los corruptos son las líneas integrantes del programa en la materia.

Modernización económica

Los efectos de una política económica centrada en la producción de materias primas agrícolas y mineras son la reducción de los ingresos nacionales, el deterioro del mercado interno y la mengua de la capacidad económica del Estado.

Es por eso que el propósito de ejecutar una política industrial y de desarrollo agropecuario moderna, para el crecimiento del mercado interno, el incremento de la producción con valor agregado y la reactivación de industrias emblemáticas como las confecciones, el cuero y calzado, las autopartes, también es una necesidad nacional. “El Estado será amigo y socio de la industria y el agro nacionales”, dice el programa de la Coalición.

Cuando un país cree en un proyecto nacional, puede desarrollarse. También es un acierto tomar como ejes de la modernización del aparato productivo asuntos como la ciencia, la tecnología, la industrialización, el desarrollo agropecuario y la educación.

Colombia durante la última década implementó doce Tratados de Libre Comercio. El firmado con Estados Unidos en 2012 ha traído efectos muy negativos al país. Colombia se ubica en el puesto 25 de los países que más le venden productos a ese país, y de los 24 que nos ganan solo cuatro tienen TLC con ese país, según datos de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos.

El propósito de crear una comisión para la revisión de dichos acuerdos apunta en la dirección correcta. Poner al Estado, sectores sociales y productivos a evaluar los efectos de los Tratados de Libre Comercio y de los Tratados de Protección a las Inversiones es un paso necesario para llevar al campo al siglo XXI. Relaciones con el mundo sí, pero en condiciones de igualdad y respetando nuestra soberanía.

Igual propósito en materia industrial. En la producción nacional, en un periodo de 10 años, los productos primarios pasaron de representar el 61 por ciento al 83 por ciento. Los de alta tecnología pasaron del 12 por ciento al siete por ciento.

En 1990, por cada 100 pesos de la producción nacional anual 18 los sumaba la industria. Pero en 2010 bajó a 13 de cada 100. La oferta exportable industrial pasó del 65 al 36 por ciento de 1995 a 2014, mientras que la minero energética se multiplicó por dos, llegando al 59 por ciento.

Ciencia, tecnología y derechos

En Colombia el gasto de Investigación y Desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanza el 0,24 por ciento, mientras Japón el 3,28, Estados Unidos el 2,79, Alemania el 2,88 y China el 2,07. De acuerdo con los Indicadores del desarrollo mundial para Ciencia y tecnología del Banco Mundial, Colombia cuenta con 115 investigadores por cada millón de habitantes, China 1.113, Alemania 1.202, Estados Unidos 4.232 y Japón 5.386. Y los vecinos Chile, Argentina y Ecuador tienen 427, 1.202 y 401, respectivamente.

Decir que “haremos de la ciencia y la tecnología una política de Estado” y “el sistema de ciencia y tecnología contará con el respaldo político y económico que no ha tenido”, apuntando a lograr una inversión del 1 por ciento del Producto Interno Bruto en el sector es una declaración de intenciones abiertamente contrarias a la política de recortes que el presidente Santos y sus antecesores aplicaron.

En la misma vía toma aspectos como salud y educación, apuntando que son nucleares el respeto por esos derechos fundamentales, su reconocimiento, solvencia financiera, universalidad, gratuidad, disminución de barreras de acceso y aumento de la calidad.

Empleo, desigualdad y pensiones

Quizá uno de los desafíos más urgentes del país es superar el desempleo estructural y la precariedad del trabajo. “El empleo formal y de calidad será el resultado de un modelo de desarrollo que apueste por las capacidades de la gente y por impulsar nuestra infraestructura productiva”, señala el programa de la Coalición.

En Colombia un trabajador utiliza 2.496 horas laborales al año, siendo el segundo en el mundo en trabajar más, según datos de la OCDE. Entre más desarrollado un país, menos horas laborales se emplean. El 9,2 por ciento de los 22 millones de trabajadores colombianos están desempleados, y 67 de cada 100 se encuentran en la informalidad.

Según el analista económico Aurelio Suárez, el 10 por ciento más rico de la población colombiana se hace con la mitad de los ingresos; el 1 por ciento más rico con el 20 por ciento; y el 9 por ciento más rico con el 30% de los ingresos.

A su vez el 50 por ciento más pobre se hace con el 12 por ciento de los ingresos. Y esa estructura de la desigualdad es inoculada por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la macroeconomía con la que han dirigido al país.

Creación de empleos dignos, reducir las brechas salariales que afectan a jóvenes y mujeres, propiciar que el salario mínimo legal sea concertado y se recupere parte del poder adquisitivo de los trabajadores perdido en los últimos 20 años.

Un esquema de transición de impuestos indirectos a directos que proteja a los sectores más vulnerables. El incremento del número de pensionados y la cobertura del sistema, y un menor porcentaje de cotización en salud para las pensiones de bajos ingresos, acompañan el enunciado de propósitos que le presentan al país.

Esta alianza tiene vocación de permanencia. Esa apuesta también buscará materializarse en el Congreso de la República y en las administraciones regionales y locales. Para obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Estoy seguro que en este caso no estamos hablando de los mismos con las mismas y que la Coalición Colombia es la alternativa.

Amaury Núñez | @AmauryNG

Tomado de kienyke.com