Por Jose Arlex Arias

TRIBUNA LIBRE DE OPINIÓN

Es simplemente indignante y vergonzante la cantidad de denuncias que cada día salen a flote sobre la corrupción en Colombia, en todos los niveles de los sectores público y privado, y en todo el territorio nacional. La corrupción es un cáncer que hizo metástasis, que se carcome los tejidos de nuestra sociedad, que nos acerca a la "cultura traqueta" resumida en el “todo vale para enriquecerme", "cómo voy ahí" y "no saben quién soy yo", impuesta por malévolos cerebros que por siglos han gobernado a nuestro país y que se resisten a ser relevados por personas capaces y honestas.

Recientemente fue divulgada desde Cartagena una investigación, que desenmaraña la forma cómo en este Distrito unos operadores supuestamente se quedaban con los recursos de los programas de alimentación de los niños y uno de los métodos descubiertos fue el de disminuirles la ración alimenticia; acudieron al degradante método de solo darle a cada niño la mitad de un huevo de gallina. Dicha investigación vincula a un actual concejal del Distrito de Cartagena, al cual le apodaron "el concejal medio huevo". Sobre estas investigaciones periodísticas, las autoridades de control y vigilancia de Cartagena –Procuraduría, Contraloría y Fiscalía– aún no se han pronunciado, adoptando una actitud cómplice con este hecho, que es lo suficientemente grave como para que se pronunciaran de oficio.

Esos métodos criminales de disminuir la ración alimenticia, facturar comidas no suministradas y cobrar exorbitantes sobrecostos, consolidado con operadores inescrupulosos –algunos ni existen– o con otros objetivos comerciales, ha llevado al saqueo descarado y criminal de los recursos del Programa de Alimentación Escolar –PAE–. Es criminal cobrar 40 mil pesos por una pechuga de pollo, $900 por un huevo, $30 mil por un tamal, 2.800 kilos de canela en 39 de millones de pesos,  o un pedido de 2,6 millones de panes, facturados a $400 la unidad, de los cuales no se entregaron un millón. Y es aún más criminal que los contratos se hayan realizado con ferreterías, talleres o incluso hospitales, que no están para ese objeto social. El presupuesto del programa, que cubre a 13 mil Instituciones Educativas, es de cerca de un billón de pesos, que lo han saqueado, a través de una organización mafiosa, con la gravedad de que a pesar de que algunos de esos operadores han sido denunciados, simplemente cambian el nombre y siguen actuando como si nada, con la complicidad de los diferentes gobiernos. Un informe de la fiscalía señala que en 13 departamentos, incluido Bolívar, se identificaron contratos irregulares que superan $140 mil millones. 

La gravedad de todo esto es que, en una alta proporción, la justicia también se encuentra permeada por estas mafias, dándose el lujo de tasar el valor de cada una de sus sentencias, tal como ha quedado demostrado en el "cartel de la toga", que tiene sus "cartelitos" en cada una de las regiones y es por eso que no pasa nada con las denuncias, por más fundamentadas que se encuentren. Así quedan exonerados, no solo los funcionarios públicos, sino también del sector privado, mientras, como la peor calaña, se roban los dineros de la gente pobre. ¡Desgraciados, medio huevos! 

 

JOSÉ ARLEX ARIAS ARIAS

Comunicador Social - Periodista

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La Verdad, lunes 04 de diciembre de 2017