Por: José Roberto Acosta

De no ser porque fueron los gringos quienes destaparon el escandaloso comportamiento de Odebrecht, en Colombia hasta les hubieran otorgado la Cruz de Boyacá a estos “empresarios” brasileños, callando sus fechorías.

Callado como estuvo el Gobierno con la predecible quiebra de Interbolsa, que pagó tiempo y silencio para estafar a sus víctimas con cuantiosos aportes a la campaña “Santos Presidente” y afectó la confianza en el mercado de capitales, donde gozaba de privilegiada posición.

Inaceptable que el Grupo Aval, propietario de Hoteles Estelar, haya sido privilegiado por la Nación con exenciones tributarias por veinte años en ese sector y, al mismo tiempo, su filial Corficolombiana haya promovido ante el Banco Agrario el irregular crédito a Navelena, a sabiendas de su alto riesgo de pérdida y sólo para pagar otro crédito que Navelena ya tenía con el Banco de Occidente, también propiedad de Luis Carlos Sarmiento.

Absurdo que los señores españoles de Gas Natural Fenosa, a pesar de haber sido privilegiados con un mercado cautivo de 2,5 millones de usuarios en un servicio público esencial como la electricidad, no hayan cumplido su obligación de adelantar las inversiones pertinentes para su debida prestación y ahora se consideren intocables ante la necesaria y justificada medida de liquidar Electricaribe por parte de la Nación.

¿Y qué decirle al afiliado de un fondo privado de pensiones que, además de estar limitado a sólo cuatro opciones por la estructura oligopólica de esa industria que privilegia a los dos grupos económicos más poderosos del país, verá que sus ahorros de vejez pueden ser utilizados por Porvenir y Protección para prestárselos a sus propios dueños, en una inconveniente maniobra financiera de autopréstamo?

Y faltaría profundizar sobre la canadiense Eco Oro Minerals, que, con base en los privilegios que le da el tratado de libre comercio, considera intocable sus supuestos derechos de explotación en el páramo de Santurbán, por encima de los derechos al agua potable de millones de colombianos.

Mal paga el diablo a quien bien le sirve y por ello, si nuestros legisladores, de manera sospechosa, favorecen a unos pocos que, en lugar de agradecidos son odiosamente ambiciosos y rayan en la mala fe contra lo público, deberán ser los ciudadanos quienes actúen ante el procedimiento hacia la impunidad que planifican las propias autoridades.

@jrobertoacosta1 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tomado de elespectador.com