Por: Jaime Dussan

NOTA DE ENTENDIMIENTO

Sin lugar a dudas el tema del momento debiera ser lo importante que ha sido para el país la implementación de los acuerdos celebrados por el Gobierno en la Habana con las FARC, el buen trabajo que con disciplina y celeridad ha adelantado el Congreso de la República y las manifestaciones de mantener hasta el final el pacto a pesar de las pequeñas dificultades, así lo han expresado los voceros de las dos partes que dan tranquilidad a la ciudadanía y particularmente a los escépticos que siempre tienen la duda de la materialización de lo firmado.

Es realmente la columna vertebral del proceso de paz, la aprobación en las cámaras legislativas de la ley de justicia especial (JEP) que es el instrumento básico que le permitirá a la justicia resolver los temas de las víctimas y beneficiar a los miembros de las fuerzas armadas, a los insurgentes y a ciudadanos que de una u otra manera participaron o contribuyeron con la guerrilla en estos largos años de existencia.

Igual, debiera estar en primera página de las noticias nacionales los avances y la discusión de los temas propuestos en las reuniones que adelantan los negociadores del gobierno y de la guerrilla del ELN en la ciudad de Quito, que si logran el apoyo decidido de la denominada “sociedad civil” y el Estado; podrían acelerar el entendimiento que completaría la posibilidad de desaparecer definitivamente los grupos que se alzaron en armas con el propósito de ganar mediante este instrumento la dirección del Estado.

Hay un hecho de trascendental importancia que ahora pretendo solo registrar para proponer una discusión próxima sobre el tema. Me refiero a la seguridad del postconflicto.

No entiendo, por qué teniendo Colombia un ejército tan numeroso, bien preparado, y  una fuerza policial profesional y activa, se ha permitido que actúen, crezcan y cometan delitos, grupos alzados en armas, ligados al narcotráfico y al paramilitarismo y a la delincuencia común que han puesto en peligro la seguridad de la gente en las ciudades y en los campos. Dejando sentir de alguna manera, una actitud pasiva e indiferente por parte de la fuerza pública.

Las expresiones de esta preocupación se han escuchado en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena. En ciudades intermedias y en las diferentes regiones del país como los llanos orientales, la Orinoquía en general, en la Amazonia y en parte de la zona Atlántica. Al respecto, una explicación del señor Ministro de la Defensa Nacional y los comandantes de las F.F.M.M. y Policial, sería necesaria para tranquilizar a los ciudadanos.

No es posible, que firmado un proceso de paz, se aumenten los crímenes contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos y dirigentes sindicales y se arrecien amenazas muy parecidas a las de las épocas nefastas donde se desaparecieron tantos dirigentes y activistas de organizaciones opositoras al régimen político.

Es preocupante además, que el tema de la corrupción que se había ocultado en medio de todo este proceso interesante de acabar con la violencia, se haya puesto en el primer punto de la noticia nacional. No solamente son los actos de corrupción en las contrataciones de las obras más importantes del país y por las coimas pagadas por éstas a funcionarios del gobierno y a lobistas de todas las expresiones políticas; sino, lo más alarmante es que las elecciones presidenciales de los años 2010 y 2014 estuvieran totalmente viciadas por la violación flagrante de los topes en la financiación de las campañas por parte de los candidatos del establecimiento, que recibieron dineros de empresas multinacionales contratistas del Estado y de grupos delincuenciales al margen de la ley, que por supuesto las hacen ilegitimas.

No bastan las explicaciones ni las expresiones de perdón por parte del presidente o el candidato contradictor. Es responsabilidad en primer lugar de la justicia, empezando por la fiscalía, los jueces y la corte suprema de justicia, actuar pronta y eficazmente para producir conforme a la ley las sanciones correspondientes. El Consejo Nacional Electoral por su parte, debe aplicar las medidas más severas que pueden incluir hasta la pérdida de personería jurídica de los partidos o coaliciones que avalaron los candidatos y la prohibición de presentarse a las próximas elecciones. 

No tengo la menor duda de que la ciudadanía de bien no aceptará más impunidad.