Por Rodolfo Arango

Hay momentos en que los ciudadanos se sienten “reyes de burlas” ante la intrepidez de los poderosos. Las majaderías de los últimos dejan atónitos a los primeros. Tres ejemplos de anonadamiento por la sagacidad de algunos merecen mención. Explicitar la intrepidez torticera sirve para hacer catarsis y alimentar el inventario universal de la infamia. Por fortuna nos queda el recurso a la pluma, último bastión de libertad que no puede ser acallado por quienes detentan el poder.

Los tres ejemplos están contenidos en el proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Las medidas que el Congreso se apresta a aprobar por fast track sustituyen la Constitución de 1991. Pero pueden ser todavía corregidas por legisladores arrinconados con el uso que el Gobierno hace de su iniciativa legislativa en tiempos de excepción. Ellas involucran el desconocimiento de los principios fundamentales de imparcialidad de la justicia, de régimen republicano y de separación de poderes.

Se sustituye la Constitución de 1991 cuando la selección para revisión de las sentencias de tutela contra decisiones de la JEP se decide por parte de integrantes de la misma entidad que pudo haber violado los derechos fundamentales. Los derechos de las víctimas se escamotean si no hay imparcialidad en la justicia constitucional. No se puede ser juez y parte sin despedirse de las garantías fundantes del estado de derecho.

Igualmente se desnaturaliza la Constitución de 1991, tornándola de republicana en monárquica, si los presidentes dejan de estar sujetos al pacto fundamental por su mera condición de ser “primeros magistrados de la nación”. Si se quiere preservar el fuero presidencial, deben ser la Comisión de Acusaciones, el Senado y la Corte Suprema los llamados a aplicar las normas de la JEP a los presidentes y expresidentes que decidan someterse libremente a la nueva jurisdicción. Hace siglos el monarca quedó sometido al imperio de la ley, sin que ello implique que no deba rodearse de garantías su alto cargo.

Una tercera majadería del proyecto de JEP prescinde de la separación de poderes al facultar a sus jueces para elaborar normas procesales que ellos mismos aplicarán. Una simple lectura de sentencias de la Corte Constitucional que proscriben tal fusión de poderes bastaría para evitar el tentador atajo de poner a los jueces a escribir las leyes, así se afirme que serán los congresistas quienes aprueben finalmente las normas que el Gobierno deba presentar luego al Congreso.

Aún no es tarde para aprender a vivir sin sacarle ventaja a los gobernados mediante actos de intrepidez inaudita de los gobernantes. La paz no es algo meramente simbólico, soñado. Se construye con actos fruto de la indagación y la deliberación razonable, con pleno respeto de los destinatarios de las normas generales e individuales. ¡Sin majaderías, por favor!

Adenda. Otro ejemplo de majadería es el mencionado por María Jimena Duzán en su columna de ayer en la revista Semana (http://bit.ly/2mrb4tj). Según la revelación de la valiente periodista, el presidente de Corficolombiana (Grupo Aval), José Elías Melo, habría participado en el soborno para la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol, como lo atestiguan bajo juramento tres altos directivos de la empresa brasileña. Pese a la gravedad de la denuncia, la organización Sarmiento Angulo se presenta como víctima de Odebrecht y es premiada por el Gobierno con la liquidación del contrato de concesión. Esto sí es corrupción con “C” mayúscula. Resultado de lo denunciado debería ser, en un país serio, la renuncia y procesamiento penal y disciplinario de quienes no han querido ver el elefante y la extensión de la indagación penal a las altas esferas empresariales.

 

Tomado de elespectador.com