Por Alfredo Molano Bravo  

Peñalosa les prometió a los bogotanos el oro y el moro. Todo lo anterior para él era oscuridad, corrupción, chambonadas. Los colegios públicos se caían a pedazos; los hospitales se cerraban; las calles eran charcos, huecos llenos de basura. Era necesaria una verdadera transformación.

Comenzó echando para atrás el proyecto del metro que mal que bien había comenzado a encontrar rumbo, y declarando que Bogotá debía acabar de comerse la Sabana. Canal Capital era un nido de la izquierda que se debía poner al servicio de su apellido. El Transmilenio, según sus estudios –e intereses– era el mejor sistema del mundo, y la reserva Van der Hammen, un capricho de los ambientalistas.

Y como todo estaba en ruinas, lo urgente era conseguir plata porque los torcidos de Petro habían dejado el Distrito en ruinas.

El Plan de Desarrollo que está negociando con el Concejo a punta de desayunos y otras “facilities” es un chamizo lleno de micos, que comienza con la venta de la ETB y terminará imponiendo impuestos a la movilidad, a los parqueaderos, al alumbrado público. Necesita aceitar su maquinaria política con miras a suceder en la Presidencia de la República a su mentor Vargas Lleras.

Dentro de los planes que manosea el doctor –es un decir– Peñalosa está el de acabar con los mercados campesinos que desde hace más de una década se celebran en Bogotá. De las regiones andinas centrales –Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander– los pequeños campesinos traían sus cosechas y se sentaban en la Plaza de Bolívar, a donde llegaban los ciudadanos a comprarlas. Los productores se brincaban a los intermediarios, y los compradores ahorraban así el 30%. Ganancia por los dos lados. Pero pérdida para los especuladores de las centrales de abastos que tienen un gran músculo, sobre todo en el dedo índice.

En el país funcionan muchos mercados campesinos que mueven miles de millones de pesos y que contribuyen a frenar la ruina de esa frágil y arrinconada economía familiar. Los intereses económicos de los comerciantes y de los políticos son los enemigos declarados de esta modalidad, cooperativa en muchos casos, que podría a la larga mermar el terrible efecto que sobre los campesinos tienen los TLC: ¡El 70% de la producción campesina es de autoconsumo y se están importando 10 millones de toneladas de alimentos! El doctor Peñalosa les ha declarado la guerra y quiere transformar los mercados campesinos en una feria gourmet de alimentos a donde vayan sus vecinos de barrio y conmilitones a catar frutos raros y curiosos, preparaciones exóticas y platillos decorados con flores de calabaza. Se daría cita allí la crême de la crême de la alta sociedad bogotana. La idea es borrar el campesinado del panorama nacional, arruinarlo, taparle toda salida democrática y transformarlo en un humilde y dócil labriego.

La maniobra resultaría un mero embeleco de niño bien que echa mano de una gris entidad llamada Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) –tan brumosa como los títulos académicos del alcalde–, respaldada paradójicamente ni más ni menos que por la FAO, cuyo principio vital es “mitigar la pobreza y reducir el hambre promoviendo el desarrollo agrícola”. Pero lleva escondido un taco de dinamita. El verdadero propósito de liquidar los mercados campesinos en Bogotá está relacionado con el polémico artículo 87 del Plan de Desarrollo, introducido por el Centro Democrático, que dice: “Si los eventuales acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación o uso especial del territorio de la capital, se requerirá la aprobación del Concejo de Bogotá”. En dos palabras: la maniobra contra los mercados campesinos es el primer paso para atravesársele a la paz en la capital de la República. ¿Se tratará acaso de un despunte primaveral de la triple alianza Uribe-Vargas Lleras-Peñalosa?

A pesar de la decisión del alcalde, los campesinos resisten y van a estar en la plaza de Bolívar el 17 de junio.

El Espectador, Bogotá.