Polo Democrático Alternativo

La desparamilitarización, por ejemplo, es un proceso que parte de la decisión política de no tolerar más ese tipo de seguridad privada e ilegal, desmontarla y sustituirla por la seguridad institucional. Así lo reconoció el presidente Uribe el pasado 20 de julio. Ese es el fondo del proceso de Santa Fe de Ralito, donde el Estado aspira a recobrar el monopolio de la política de la seguridad de los colombianos, la cual había sido delegada, por abandono, complicidad o estrategia de los gobernantes en manos de bandas, armadas y pagadas por narcotraficantes.

De modo que la verificación sobre el desmantelamiento del paramilitarismo va mucho más allá de contabilizar armas y municiones entregadas por esas bandas. Que es lo que ha estado haciendo, hasta ahora, la misión dirigida por el señor Sergio Caramagna. Eso, desde luego, es importante pero no es suficiente. La OEA no puede convertirse en una simple ayudantía contable de la oficina del Alto Comisionado. Porque el paramilitarismo colombiano es -como lo confesó el presidente Uribe- una anomalía del Estado y ello significa que la verificación de un organismo internacional tiene que mantener una distancia crítica de quien prohijó este fenómeno.

El proceso de desmantelamiento paramilitar, pese a las importantes cifras de desmovilizados y material de guerra entregado o devuelto al Estado, genera serias dudas, muchas de ellas provenientes de los mismos jefes ilegales de la contrainsurgencia cuando afirman que desmontarán a las Autodefensas Unidas de Colombia pero que no es posible desmontar el paramilitarismo. Son palabras recientes de ‘Diego Vecino’. ¿Qué dice de esto el señor Sergio Caramagna?

Tampoco ha dicho nada el señor Caramagna de las continuas violaciones al cese de hostilidades por parte de las bandas paramilitares. Ni del incremento del secuestro por quienes tenían como emblema de legitimidad la protección de los secuestrables. Se ha limitado la misión de la OEA a registrar la disminución de hechos violentos en los lugares donde se han producido desarmes, a mirar los efectos inmediatos sin preguntarse siquiera si esa disminución de violencia obedece a un desmantelamiento paramilitar o a una inteligente y perversa mutación del fenómeno.

Y entonces, con toda la razón, quienes no tragan entero se preguntan preocupados, si así las cosas, ¿cómo será entonces la verificación frente a la aplicación de la ley de Justicia y Paz? ¿Cuál será la verificación de la OEA frente al paraproselitismo en el debate electoral que se avecina?

No se trata de desconocer lo ya hecho en el desmonte de las estructuras armadas paramilitares. Pero la verificación que se requiere, ahora más que antes, implica un mayor conocimiento de la realidad colombiana, una mayor independencia de las entidades estatales y un mayor compromiso con la paz. El nuevo Secretario de la OEA, señor José Miguel Insulza, puede todavía enmendar la plana. Pero, ver para creer.