Desde 1970 Colombia viene con una política de estado consistente y coherente: ser campo de aplicación de las políticas capitalistas y neoliberales propuestas desde los estados Unidos.
Se puede pensar que Colombia renunció a su autonomía desde la pérdida del canal de Panamá, cuando, ignorando las palabras de Simón Bolívar, desconoció el riego que para los países de América latina representaban los Estados Unidos de Norteamérica.
En esa línea decidió “mirar para el norte” o, como dijera un ex presidente, “guiarse por la estrella polar”. Eso nos llevó a que en los 70 fuera tan obvia la pérdida de la autonomía y la capacidad de decisión sobre asuntos de políticas públicas que ya se aceptó, como política pública, el acatamiento de las directrices del “hermano mayor” que nos imponía su guerra fría con las políticas del “buen vecino”, en lo que ellos llamaron la “alianza para el progreso”.
Tal vez lo más evidente en ese proceso fue la transición del “estado benefactor”, que en realidad nunca tuvimos, a un estado que protege el libre mercado con la idea de que ese mercado sería capaz de compensar las desigualdades y las inequidades existentes en la sociedad colombiana.
Lo que en Colombia llamamos la “apertura económica” no ha sido más que los ajustes, vía legislación, impuestos y concesiones, para que nuestro territorio se convierta en campo de acción de trasnacionales y de multinacionales que van apropiándose de la cotidianidad mediante la implantación de conceptos como la tras-nacionalidad, la globalidad y el supuesto derrumbe de las fronteras como producto de la desregularización de los mercados (pérdida de control sobre aranceles, precios y medidas), la supra nacionalización del ordenamiento jurídico (pérdida de la autonomía legislativa) y la dependencia, cada vez mayor, de las decisiones de los socios capitalistas que buscan mejores ofertas (mano de obra calificada, desprotegida y barata), todo ello a costa de la autonomía, la dignidad nacional y las condiciones de vida de los nacionales.
Por ello una propuesta de políticas públicas alternativas debe velar por la recuperación del control sobre los procesos productivos propios en renglones como los alimentos, por la vía de la autonomía alimentaria apoyada por el estado y del equilibrio entre productores que compiten en el mercado nacional.
Enfrentar el mercado, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, demanda un acuerdo nacional en el que los ciudadanos aporten lo mejor de sí mismos para garantizar las metas propuestas y el Estado haga lo suyo: trazar y ejecutar políticas educativas, de salud, incluyendo salud mental, de servicios públicos, de pensiones, de vivienda… todas ellas encaminadas a recuperar lo que es su función constitucional de disminuir las desigualdades que padece nuestra sociedad.
Democratizar el conocimiento facilitando el acceso de las capas estudiantiles de secundaria a programas técnicos y tecnológicos; lograr atención en salud de calidad y con cobertura total; hacer de las empresas públicas unas verdaderas empresas del público; proteger el ahorro de los colombianos en pensiones poniéndolos a producir alimentos, respaldados y protegidos por el Estado, en lugar de dejarlos especulando en las bolsas de valores y en el sistema financiero; diseñar verdaderas políticas de vivienda de interés social; y, en especial, mejorar la capacidad adquisitiva del pueblo colombiano vía reducción de precios de los alimentos y generación de puestos de trabajo en esa producción.
Considero que estamos ante la oportunidad de cambiar aquella “estrella polar” que nos impusieron, por un Polo Democrático y Social, que es la propuesta de la Tendencia Democrática del Polo, y de su candidato Gustavo Petro Urrego.