Polo Democrático Alternativo

Para evaluar la política social del actual Gobierno hay cuatro referentes. Por su proyecto político “Impulsar la creación de un país de propietarios donde todos se sientan dueños y responsables de un activo y de un destino”; es decir, nada más ni nada menos que la reafirmación del concepto de justicia aristotélica, que fundamentó parte del esclavismo y del feudalismo hasta el siglo XVII, en donde la desigualdad fue considerada como Ley Natural; unos ricos y otros pobres, unos libres y amos y otros esclavos o siervos, determinados por el destino. El Estado Comunitario reconoce como propietarios a los grandes potentados del país en igualdad de condiciones a esas muchedumbres famélicas que deambulan por las calles, todos con “activos y destinos”, todos protegidos por la Seguridad Democrática.

El Plan de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, es otro referente en donde, desde la gerencia pública, nuevamente se reafirma la concepción del Estado de la desigualdad. El plan permite conocer un punto de partida y un punto de llegada; es hora de preguntar por los logros obtenidos en el primero y segundo período. Superamos el primer cuatrienio y sus logros están en discusión; como no se ven, están preparado el ambiente para un tercer mandato como fórmula esperanzadora de llegar a esa anhelada tierra o punto de partida prometido. O, quizás, se requiera el retorno a un rey soberano, sin límite alguno.

Por el momento, el Gobierno se ha limitado a presentar informes apoyados en promedios, estadísticas y datos, con la sola intención de ocultar las dramáticas condiciones en que se debate la población colombiana. La sola presentación de cifras concita aplausos, en especial en los llamados consejos comunales, para que los distintos medios las reproduzcan sin comentario alguno. Así se llenan los chorizos para darles el tamaño deseado por sus fabricantes.

En la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 14 de mayo, quisimos llevar los resultados de la política social al campo del debate de control político, orientado a la confrontación de las apreciaciones de los gremios, los sindicatos y los movimientos sociales y políticos, todos con opiniones diferentes, dependiendo de sus intereses. Para los grandes empresarios, para citar sólo el resultado del primer trimestre del año, colmó sus expectativas en la creciente alza de ganancias, la economía sopló a su favor, además de las atractivas gabelas ofrecidas por el Gobierno, bajo la táctica de la “recuperación de la confianza inversionista”. Para los sindicatos, la canasta del obrero sigue en picada y la inflación se chupó el incremento salarial, y el hambre y la miseria aumentan. Por otro lado, desde el POLO, desde la orilla de la oposición, señalamos la profundización de la brecha como resultado de la política social y un severo retroceso en el indicador que mide carencias, como lo es Línea de Pobreza y, pero aún, las cifras de empleo y canasta familiar, por sus metodologías de medición, son manipuladas o acomodadas; cada día son más cuestionadas desde la academia, ante ese propósito del Gobierno de buscar aplausos a toda costa.

Algunos indicadores propios de las autoridades colombianas, tal como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, el Sistema de Selección de Beneficiarios –SISBEN-, no permiten comparaciones en el contexto internacional. El Índice de Desarrollo Humano –IDH– orientado por las Naciones Unidas, al que el Gobierno maliciosamente huye por su poca favorabilidad, es el que nos permite esas comparaciones y mediciones. Colombia ha estado, y por muchos años estará, en la lista de esos 85 países calificados como de desarrollo medio; ocupa el puesto 74 por debajo de Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba y México. El Ministro de la Protección Social se hizo el ciego; no quiso confrontar el IDH del país, ni de sus regiones, departamentos, municipios, por cuanto muestra esas brechas abismales desde el punto de vista sociodemográfico y económico, dentro del llamado “país de propietarios”.

El IDH mide tres componentes (vida prolongada y saludable; educación primaria, secundaria y universitaria o tecnológica; y el acceso a recursos para una vida decente, es decir el ingreso de cada persona en relación con el Producto Interno Bruto), en lugar de aquellas escabrosas cifras de las carencias: muertes de niños en el primer mes de vida o en el primer año; adultos que no superan el quinto de primaria o aquellos indigentes que sólo alcanzan a la mitad de la canasta familiar o difícilmente a la “canasta del Dane”, porque su vida del rebusque o la informalidad ha empeorado durante este Gobierno que tan sólo ha pasado del 61.3% en el 2002 al 58.5% en el 2006, en plena luna de miel del Estado Comunitario.

El per cápita nominal sí que es dramático. Pobre es cualquiera de los colombianos cuyo ingreso diario sea inferior a 2 dólares. Hoy, Colombia ocupa el puesto 74 por IDH en plena gloria del gobierno de Uribe, con 5 puestos atrás en comparación al año 2005. Por per cápita ocupa el puesto 94 con un promedio de 4.193 dólares ($8’386.000), con un mínimo de US$440 ($880.110), es decir 104 veces menos de aquel que está en el máximo con US$46.140.42 ($92’280.851); el de ingresos medios está en US$969.4 ($1’938.802), es decir, 47 veces menos que aquel del máximo. Seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. “Todas las desigualdades injustas y evitables, y que producen pérdidas en calidad de vida o salud, son inequidades”i dijo un importante estudio. Luego, hay responsables de esta dramática situación. Ese per cápita mínimo permite llevar un cuadro de los muchos municipios de Antioquia (El Bagre, Salgar, Betulia, Titiribí, para citar unos cuantos) que viven en una pobreza similar a los países más atrasados del mundo como Sierra Leona, Burkina y Mali. También permite decir que el Barrio Popular y Santa Cruz de Medellín viven en idénticas condiciones a Malvidias (puesto 100) y El Salvador (puesto 102), que en el Barrio Laureles se vive similar a Uruguay (Puesto 63) y que El Poblado vive como en Eslovenia (Puesto 31), o que el conjunto de Medellín se parece al Líbano (Puesto 68). Pero, si eso es Antioquia, ¿qué decir de la Costa Pacífica Colombiana?

Luego, podemos atragantarnos de cantos de victoria porque en el 2005 aparecen afiliados contributivos 19 millones (con 10 millones de beneficiarios y 500 mil pensionados), de los cuales 5.5 millones están suspendidos por esas dificultades del rebusque y el desempleo. Los colombianos cargan con 20 millones del Régimen Subsidiado. Una seguridad social que se inspiró en el asalaramiento, hoy se ha convertido en mero asistencialismo, bajo la terca y obsesionada actitud de Uribe de mantener un modelo fracasado.