Reducir la tarifa del servicio de acueducto será la tarea central del nuevo gerente, si se quiere cumplir con la expectativa ciudadana que tradicionalmente ha sido golpeada por el alto costo de la factura y engañada por promesas pasadas. Para que los bogotanos sientan la empresa como patrimonio público es necesario que el alto costo del servicio no debilite la economía familiar o empresarial ahora y a futuro y así mismo, que el precioso liquido sea suministrado con calidad y eficiencia.

Mientras que a los bogotanos cada metro cúbico de agua potable nos cuesta 1.816 pesos, los cucuteños lo pagan a 845 pesos y en Bucaramanga la misma cantidad vale apenas 829 pesos[1]. En Lima (Perú) el mismo metro cúbico vale 1.129 pesos colombianos y en Quito (Ecuador) sale por 633 pesos colombianos. Esto significa que en Bogotá estamos pagando el agua más cara de la región.

Para lograr la tarea de reducir la tarifa deben conjugarse los intereses del Alcalde Mayor, del Concejo, de los Trabajadores, de la Junta Directiva, de los Usuarios y de la Comisión de Regulación, por eso es necesario revisar todas las relaciones de la EAAB con acreedores, proveedores, contratistas y concesionarios.

Hoy la empresa es responsable de la cuarta parte de la deuda total de la ciudad pues esta asciende a 575 mil millones de pesos frente a 2,3 billones de pesos de las demás entidades del distrito. Refinanciarla con la combinación de diferentes fuentes debe conducir a bajar las tasas de interés y a prolongar su pago.

Dado que todas las inversiones que acometa la empresa benefician también a las generaciones futuras y que incluso las bondades plenas de algunos megaproyectos no serán disfrutadas por la presente generación, es menester introducir la íntertemporalidad, para que la deuda se difiera en plazos mayores, y de este modo lograr mejores indicadores que repercutan en la reducción presente de las tarifas, sin riesgo para la sostenibilidad financiera de la empresa.

Las tarifas han sido castigadas por efecto de las concesiones mal negociadas, la contratación de obras y la tercerización de la operación y son situaciones que requieren de solución urgente. Veamos.

En Tibitoc, a pesar de haber demostrado el perjuicio para la empresa en los debates que junto con los trabajadores fueron adelantados en el CONCEJO y de los resultados de la consultoría financiera que llevó a cabo la empresa, ha habido una demora inexplicable en la reversión de la concesión, (caso único de desprivatización!), lo cual encarece la tarifa. Allí, la EAAB le ha pagado más de 300 mil millones de pesos desde marzo de 1998 a noviembre 2005

El valor del metro cúbico de agua en Tibitoc resultó ser 8 veces mas caro que en la planta de Wiesner, operada directamente por la EAAB. Aquí el postulado neoliberal de privatizar para lograr mejores tarifas, servicio y calidad no se cumplió, lo cual generó multas por $ 1.783 millones al concesionario. Para rematar, un análisis del Laboratorio de Aguas Blancas en Noviembre de 2005, mostró que la calidad del agua suministrada por Tibitoc no cumplía con los parámetros de potabilidad. (:http://www.polodemocratico.net/LOS-BOGOTANOS-PAGAMOS-8-VECES MAS?var_recherche=agua ).

Reversar esta concesión será clave si se quiere lograr que Bogotá “pierda el primer puesto” como la ciudad de Colombia con las tarifas más caras de acueducto y al mismo tiempo evitar que la deuda de la entidad siga creciendo, lo cual puede poner en riesgo la sostenibilidad de la misma. Y por tanto será la primera demostración que nos haga el nuevo gerente del camino que va a labrar.

Cuando el próximo 3 de abril de 2008 se lleve a cabo la audiencia de conciliación con la empresa concesionaria, a la que todavía le restan 9 años, el gerente y su equipo jurídico deben tener en cuenta el hecho de que la empresa es un patrimonio público, construido por generaciones de bogotanos y aún de colombianos.

De las opciones identificadas por el consultor, la reversión del contrato es la mas favorable, ya que le cuesta a la EAAB US $67,1 millones de dólares, mientras que mantenerlo cuesta US $99 millones y mejorarlo US $80 millones de dólares.

En contraste, en Cantarrana la celeridad fue notoria para declarar la caducidad del contrato, hecho que tiene en líos al anterior gerente en la Fiscalía y en la Procuraduría. Además, anuncio que en fecha próxima solicitaré la reapertura de la investigación a la Contraloría Distrital, para que sea evaluado el detrimento patrimonial que de nuevo, como no, golpea a los usuarios vía tarifa.

En este mismo campo, tendremos que revisar de fondo lo que mi juicio fue un contrato oneroso, lleno de procedimientos cuestionables, que entregó a unos particulares la PTAR del Salitre. Durante los meses próximos nuestros ojos estarán puestos allí y estaremos pendientes del vencimiento de los contratos con las aseguradoras.

Habrá que estar muy atentos, para examinar la contratación de obras para evitar dos situaciones recurrentes: contratar con el mismo grupo de oferentes de siempre, acostumbrados a sobredimensionar las obras y por consiguiente a elevar los costos de las mismas y, evitar a toda costa tanto la contratación ineficiente y costosa, como aquella atropellada y torpe que solo busca agotar los presupuestos cada fin de año. Todas estas son causas de detrimento patrimonial, asumido finalmente por el incremento de las tarifas. (Ver Boletín:“SIGUEN LAS ERRADAS DECISIONES” en _http://www.polodemocratico.net/)._ Por estas razones, la democratización de la contratación en la EAAB y el resto del Distrito es una necesidad imperativa

Capítulo aparte merecen los altos costos que le han significado a la ciudad los contratos de los Gestores Zonales, dos veces y media más altos que si las operaciones de mantenimiento las hubiésemos hecho con trabajadores de planta de la empresa, gestores que además fueron premiados por una prorroga de siete años mas, tema que debe revisar la actual administración. A lo anterior hay que sumarle la contratación de servicios para personal temporal y la enorme nómina paralela y de asesoría, que nos heredó la anterior administración.

Todos los asuntos anteriores constituyen una enorme carga administrativa y financiera para la empresa. Por lo tanto no es posible que se siga pensando que el actual pliego de negociación de los trabajadores se convierta en la causa prioritaria a atacar por parte de la administración. Recordemos que ya en la pasada negociación los trabajadores cedieron para hacer posible la rebaja del 13% en las tarifas, beneficio que Ruíz devoró con los desmedidos gastos publicitarios, que le sirvieron de escondite a sus cuestionables y escandalosas decisiones. Ninguna de las medidas propuestas será útil si persiste el despilfarro representado en gastos suntuarios de publicidad (para promocionar un bien de primera necesidad, cuyo consumo es inelástico) o si el nivel de fugas y pérdidas de agua no es reducido.

Por tanto, es indispensable minimizar el riesgo antijurídico, blindar a la empresa, para evitar o al menos mitigar el pago de cuantiosas indemnizaciones por pleitos multimillonarios pendientes, como las demandas de Cantarrana, la concesión de Tibitoc y ahora las pretensiones en el predio La Aguadora, todo para persistir en la tarea de reducir la tarifa, en beneficio de los bogotanos.

En la Agenda con la Nación, es perentorio acudir a la cofinanciación de las grandes obras. Tal el caso de la descontaminación del río Bogotá[2], con las inversiones que requieren las PTAR y la construcción las obras necesarias en los ríos Fucha y Tunjuelo, solución que permitirá que desde Cundinamarca hasta Atlántico, en Bocas de Ceniza, el río Grande de la Magdalena recupere su potencial pesquero y permita que de nuevo en Semana Santa podamos consumir especies nacionales, para beneficio de todos los pobladores ribereños.

*Tarea histórica.*

Por último, el gerente tiene por resolver el reto del manejo adecuado del Pliego del Sindicato, hecho que garantizará el mejor clima laboral para llevar a buen puerto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para lograr el propósito de reducir las tarifas, tarea histórica ineludible para una Administración de izquierda.

Fernando Rojas.

[1] Web PROEXPORT. “Costo de los servicios públicos para las 10 ciudades principales de Colombia”, con reportes de la CRA, en 2007.

[2] Ley 1151 de 2007, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Ver artículo 102. “Financiación Megaproyecto Río Bogota”.