Polo Democrático Alternativo

Desde hace mucho tiempo, no escribía sobre temas de mi ciudad, Santa Marta. Sin embargo, por esas casualidades de la vida que le hacen pensar a uno que todo tiene un propósito, justo una semana después de ser publicado el artículo RICARDO VILLA SALCEDO, en el que se da cuenta que por defender a la nación y a los legítimos propietarios de los terrenos de Pozos Colorados, entre otras denuncias y actividades políticas dentro de su ejercicio profesional de abogado y de su liderazgo social y comunitario, fue asesinado, por quienes tenían el poder político y económico o, más bien, poder mafioso, en la década de los noventa en Santa Marta. Mi padre, le puso el pecho a denunciar con nombre propio a quiénes estaban pretendiendo apoderarse de una tierra avaluada en más de 300 mil millones de pesos, ubicada en el área de mayor proyección turística de Santa Marta, que cuenta con muchos valores agregados como sería la presencia de una gran franja de playa, servicios públicos, aeropuerto, la carretera troncal del Caribe, que podrían convertirla en un oasis de inversión para atraer capital nacional y extranjero que construyera infraestructura hotelera con altos estándares de calidad y demás negocios que giran en torno a esto, para que Santa Marta, como Distrito Turístico, Cultural e Histórico ganará un espacio visible en su real vocación como lo es la industria sin chimeneas. Quizás por ello, desde hace casi 20 años se inició el conflicto jurídico en el que ha corrido sangre, dinero, tráfico de influencias, condenas, muertes, engaños, toda una telenovela, como para un filme de Oliver Stone.

Diecisiete años después, el proceso judicial de carácter civil sobre esas tierras está más vivo que nunca luego de que la Corte Suprema en sentencia de casación, diera un veredicto parcial sobre la propiedad de esos terrenos. En ese sentido, con la defensa de la nación para recuperar estas tierras se abre la posibilidad de que se instale una Zona Franca Turística en el corredor entre Santa Marta y Ciénaga, en el departamento del Magdalena, que como familia, en un acto simbólico de recuperación de los espacios históricos, en homenaje a la memoria de Ricardo Villa Salcedo, sería importante que se contemplara la posibilidad de que llevara su nombre esta zona franca que podría generar empleo directo e indirecto, infraestructura de servicios públicos, desarrollo de la ciudad pero en términos de tributos, la presencia de estas multinacionales hoteleras y de esta cadena de negocios, no tendría tanto impacto, asunto que también es necesario evaluar sobre la visión de ciudad que los samarios queremos y los modelos de desarrollo que necesitamos.

Las familias que luchan en un complejo proceso judicial de carácter reivindicativo, cuentan con títulos históricos, que afirman ser cédulas reales desde la época de la colonia. Los urbanizadores piratas que supuestamente usurparon las tierras en corto tiempo vendieron la posesión de las mismas a la clase emergente de la ciudad que llegó hasta a detentar el poder local a finales del siglo pasado, y con una serie de artimañas han intentado demostrar que como señores y dueños han tenido estos terrenos, con su función social y ecológica, sin embargo, en los estrados judiciales se ha llegado hasta las últimas instancias, sin que aún se demuestre a cabalidad el dominio de estos bienes.

La estrategia en esos casos fue simple, enviar a un chivo expiatorio a que con una serie de familias necesitadas de vivienda, ocuparan estos terrenos por un breve tiempo, para después iniciar unos procesos de pertenencia o de compraventa de posesión, con el apoyo de las entidades encargadas de su tradición y libertad, en las que daban cuenta de que se había poseído el bien por el tiempo necesario para su usucapión y en esa vía, a través de testaferros, luego vendérselo a unas compañías con dinero de dudosa procedencia que posteriormente serían intermediarias con el gran capital para el desarrollo de esos megaproyectos turísticos. El negocio era redondo, de todos modos, si no lograban su propósito, tendrían el respaldo de las armas de grupos paramilitares, para que los legítimos dueños vendieran a corto plazo y a poco precio. Es una de las formas en que en Colombia se ha legalizado la lesión enorme, la ocupación y el despojo, este caso emblemático de los terrenos de Pozos Colorados. Sin embargo, no contaban con que el Distrito de Santa Marta, la Nación a través de la liquidada Corporación Nacional de Turismo, los legítimos propietarios y un grupo de abogados, periodistas y gente de valor civil iba a revelar sus lúgubres propósitos.

Esperamos que con el cierre de esta oscura página de la historia de Santa Marta, pueda llegar el progreso a nuestra ciudad a través de un proceso de planeación estratégica del desarrollo, que concertada y participativamente mire hacia dónde queremos los samarios que esa tierra de proyección turística genere proyectos, actividades y programas que logren derrotar la espiral de pobreza, cada vez más indignante, en una nueva visión de ciudad enfocada hacia el arraigo o sentido de pertenencia, la identidad, la sana convivencia cívica, el desarrollo humano y la responsabilidad social. Con este eventual foco de desarrollo, si las sentencias son favorables a la propiedad de las playas de Pozos Colorados, queda en manos del alcalde Juan P. Diazgranados, del Gobierno Nacional y de su Ministerio de Desarrollo y de las familias que podrían recuperar sus bienes, buena parte de la solución a los problemas más sentidos de nuestra población. Ojala tengan la prudencia, y la confianza para hacerlo realidad, y de esta manera evitar que venza la legalización de esta Vulgata Caribe, es decir, la consolidación del poder mafioso en Santa Marta.

Santa Marta, julio 1 de 2009.

Fuente: http://ciudadcaotica.blogspot.com