Polo Democrático Alternativo

El texto de la constancia es el siguiente:

La bancada del Polo Democrático Alternativo deja la siguiente constancia de voto negativo sobre el Proyecto de Ley 040/06 Senado 02/06 Cámara "Por la cual se hacen algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", por las siguientes razones:

• En contravía de los postulados de la Constitución que proclama la democracia participativa, el proyecto convierte el organismo de participación -Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud- en una entidad inocua e inoperante, creando la Comisión Reguladora que sustituye en casi todas sus funciones al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Elimina la participación de los trabajadores, los usuarios y los profesionales y trabajadores de la salud en la toma de decisiones sobre un asunto de su total incumbencia. La designación de los integrantes de esa Comisión es centralista y concentradora del poder en manos del Ejecutivo. La financiación de este nuevo organismo queda sin definirse en términos cuantitativos, en cabeza del FOSYGA, es decir con la plata de los usuarios.
• Se refuerza la política de que con aportes de trabajadores y empresarios se financia la salud de los desposeídos. Entre tanto el Estado se desmonta de sus obligaciones, liquida el paripassu y limita el aporte del presupuesto a una suma fija ($286.953.000.000,oo).
• Los recursos del Sistema General de Participaciones en salud - SGP se verán afectados por la reforma a las transferencias y se destinarán previo concepto del CONPES hasta en un 65% al régimen subsidiado, lo cual es contrario a los criterios de descentralización que el gobierno dice acatar. Mientras tanto no se hace nada frente al problema de la evasión y la elusión en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, reduciendo todo a que el Ministerio de la Protección Social, antes de seis meses de la entrada en vigencia de la presente ley, establecerá los mecanismos que busquen eliminar ese fenómeno que representa más del 30% de la recaudación.

Por un período superior a cuatro años, este Congreso ha analizado los problemas que afectan el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y que proceden de la implementación de la Ley 100 de 1993, los cuales se ubican, principalmente, en el incumplimiento sistemático de los principios que, a efectos de la garantía del derecho a la salud, había consagrado la Constitución de 1991, especialmente, porque dicha Ley no pudo garantizar el ejercicio efectivo de la universalidad, la equidad y la calidad en la prestación del servicio.

En efecto, el sistema de salud en Colombia no ha alcanzado una cobertura universal para todos los colombianos y colombianas, manteniendo por fuera del sistema a millones de compatriotas que ven violentado el derecho a la vida, al estar desprotegidos y verse abocados a recurrir a los llamados "paseos de la muerte", situación que se expresa en razón a que la filosofía del sistema se centra en el ánimo de lucro, el entendimiento de la salud como una mercancía y de lo público predispuesto a ser privatizado, de allí el descuido a la red hospitalaria pública y el favorecimiento a la ganancia de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud. Huelga decir que, con el Proyecto de Ley 040/06 Senado, 02/06 Cámara, esta situación, muy al contrario de ser subsanada, tiende a profundizarse.

En el caso del principio de equidad, referida al cubrimiento de los planes de beneficios de salud, dicho proyecto de ley aumenta las diferencias en los mismos, dado que se pasa de contar con un POS contributivo, un POS subsidiado y una población no cubierta con subsidios a la demanda, a la cual de manera equivoca la ley 100 de 1993 denominó vinculados, a oficializar los denominados subsidios parciales, con lo cual acudimos, una vez más, a la estafa del pueblo colombiano, al mostrar "aumentos de cobertura" sobre la base del acrecentamiento de las desigualdades y el debilitamiento de la red de salud pública.

Así, la propuesta mayoritaría se basa en la profundización de un modelo de aseguramiento que beneficia a los intermediarios del sistema EPS y ARS, los cuales aplican una perversa contención de costos, que da primacía a sus resultados financieros, sobre los resultados en los estados de salud de sus afiliados, desconociendo, en todo caso, las barreras de acceso que han establecido a los usuarios como cuotas moderadoras, copagos, períodos mínimos de cotización, entre otros, los cuales evitan que los usuarios lleguen, como debe ser la razón de un sistema, a una atención oportuna, adecuada, pertinente y con calidad.

Asimismo, esta propuesta establece como objetivo fundamental para alcanzar la universalidad de la prestación del servicio, la profundización del modelo de aseguramiento, aumentando en 0.5 puntos la cotización del régimen contributivo y especiales, con cargo a los empleadores, aumento que se compensará con la contribución que por ley 797 ellos debían realizar para aliviar, en parte, la grave crisis pensional del sistema colombiano; de la misma forma, quedan en entre dicho los argumentos planteados por el ejecutivo, en el momento en que justificó el incremento del aporte para pensiones. Además, la sostenibilidad de esta propuesta contradice lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la Carta Política, frente a la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones dado que, si éste incremento no es aceptado por la Honorable Corte Constitucional, la intención de alcanzar la universalidad de la cobertura quedará seriamente en duda.

Esta iniciativa devuelve a las EPS los recursos de promoción y prevención, que habían sido retirados en la ley 715 a las administradoras del régimen subsidiado, atomizando de esta manera el financiamiento y la atención de la Salud Pública, al entregar su operación a un actor que demostró falta de eficiencia, de manera tal que fueron más los escándalos por despilfarro y corrupción en el manejo de los recursos, que los resultados reales alcanzados en beneficio de la salud de los colombianos y colombianas. Así mismo, es bien conocido por la opinión pública que actores armados son dueños de diferentes ARS que se convertirían en EPS, ocasionando que parte de los recursos de promoción y prevención, se desvíen hacia el conflicto armado y actividades ilícitas, lo cual conlleva a la profundización de la crisis institucional en la que nos encontramos inmersos.

De otro lado, frente al tema de integración vertical y posición dominante, que se constituye en uno de los principales problemas del esquema de aseguramiento, este Congreso liderado por las mayorías uribistas no asume una posición que subsane radicalmente esta problemática y por el contrario la permite hasta en un 30%, situación que desvirtúa su modelo, al admitir que el asegurador preste directamente los servicios de aquellos asegurados que, en teoría, deben representar, avalando que se continué con la destrucción de la red pública, de las IPS y consultorios particulares, puesto que tal integración crea mejores condiciones para el funcionamiento bajo el esquema mercantil de maximización de ganancias, el cual ha significado un detrimento de la calidad en la prestación del servicio de salud, así como la subyugación de los trabajadores y profesionales del sector, coartando su autonomía profesional, presionándolos a violar sus códigos de ética y ejerciendo control sobre la formulación de medicamentos, tiempos de consulta, remisiones a especialistas y programación de cirugías.

De igual forma, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no ha dado una solución adecuada a la financiación, atención y selección adversa que presentan las EPS y ARS, de aquellas patologías e intervenciones de alto costo. Asimismo, este proyecto se limita a desarrollar un esquema de reaseguro, que, en la práctica, aumenta la intermediación financiera y abre la puerta para que los mercaderes de la salud desarrollen otro negocio.

Por otra parte, se intenta desarrollar un sistema de inspección, vigilancia y control, en cabeza de la superintendencia nacional de salud, que responda a los requerimientos para controlar un sin número de actores, sin embargo, no se le asignan recursos para que pueda operar de manera clara y precisa en todo el territorio nacional de manera desconcentrada y efectiva a las necesidades del Sistema.

La propuesta mayoritaria aprobada en esta célula congresional, obvia por completo la necesidad de un sistema de información adecuado y eficiente, que permita que la toma de decisiones se realice con conocimiento de causa, al dejar en manos del Ministerio de Protección Social el diseño, implementación y desarrollo del mismo, desconociendo que dicha institución ha incumplido con lo ordenado en las leyes 789 y 797 al respecto.

Ante estas evidencias y teniendo en cuenta que, primero, las mayorías oficialistas han decidido aprobar una propuesta que no responde a la problemática que afronta el sector salud, segundo, el proyecto aprobado se encuentra en abierta disonancia con los deseos y necesidades de la mayoría del pueblo colombiano y, tercero, que el proyecto beneficia y da prelación a intereses particulares de EPS y ARS, atentando seria y directamente contra el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del territorio nacional, informamos al país, que el Polo Democrático Alternativo, asumirá la tarea de convocar a los colombianos y colombianas para desarrollar un proyecto de ley de origen ciudadano, capaz de revindicar la salud como un derecho fundamental, enfrentando los beneficios propios que se derivan de verlo como un servicio-mercancía, al que se ha venido sometiendo, bajo la lógica del enriquecimiento de unos pocos a costa de la salud de los colombianos y colombianas.

Bancada del Polo Democrático Alternativo.

 LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA (Senador de la República)
 IVAN MORENO ROJAS (Senador de la República)
 JESUS A. BERNAL AMOROCHO (Senador de la República)
 GLORIA INES RAMIREZ (Senadora de la República)
 JORGE ENRIQUE ROBLEDO (Senador de la República)
 JORGE GUEVARA (Senador de la República)
 JAIME DUSSAN (Senador de la República)
 GUSTAVO PETRO (Senador de la República)