Polo Democrático Alternativo

Es lamentable la falta de compromiso del Estado Colombiano con los mandatos constitucionales y dentro de ellos los relacionados con el derecho al trabajo. Son muchos los cuestionamientos que desde las instancias internacionales se le hacen a nuestro país, muchos los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT, incluso estas omisiones sirven de argumentos a los Congresistas Demócratas norteamericanos para negarse a suscribir el TLC.

Esta actitud no ha sido ajena en nuestros gobernantes locales quienes en sus discursos de campaña prometen una serie de garantías y ya obtenido el resultado electoral olvidan sus compromisos, como ha ocurrido con el alcalde Alonso Salazar quien en el punto 28 del Programa de Gobierno registrado y por tanto vinculante afirmó:

“28. Valorar a los servidores y servidoras públicos como el apoyo de la democracia y sostén del desarrollo municipal” .

El Pacto por un Trabajo Decente en el sector salud suscrito por la Secretaria de Salud y el Alcalde de Medellín entre otros, contiene entre sus acuerdos los siguientes:

“1. Promover y garantizar condiciones de trabajo decente en todas las instituciones de salud y en particular garantizar diez ámbitos de derecho que a continuación se enuncian:

 Oportunidades de empleo en condiciones de igualdad y vinculación contractual o legal con pleno respeto de los derechos laborales”.

Sin perjuicios del análisis que en próxima oportunidad haremos al nivel central, he de referirme en concreto al “Informe sobre vigilancia administrativa” que ha entregado la personería de Medellín, motivado por denuncias que presentamos 3 concejales, relacionadas con la contratación de personal por intermedio de cooperativas de trabajo asociado en la Empresa Social del Estado ‘METROSALUD’, en el que se afirma que “existen presuntas irregularidades que pueden dar lugar a adelantar averiguación disciplinaria”.

Ratifica la Personería lo que se denunciaba en el Concejo: dichas cooperativas están actuando como intermediarios laborales a pesar de la expresa prohibición contenida en el Decreto 4588 de 2006, irregularidades que se presentan reiteradamente entre los años 2005 y 2009.

En uno de los apartes señala el informe: “Al revisar una serie de contratos suscritos entre el ente vigilado y las Cooperativas de Trabajo Asociado, se encontró que el objeto de algunos de estos, gira en torno al suministro de personal en las diferentes Unidades hospitalarias y sedes administrativas de Metrosalud, para cumplir la misión que tienen a su cargo, lo que al parecer se configura en una intermediación laboral”. Agrega más adelante el informe: “es claro que la celebración de contratos con estas entidades no puede ser utilizada para hacer un mal uso de la figura, disfrazando u ocultando la existencia de verdaderas relaciones de trabajo, con el fin de evadir el reconocimiento y pago de derechos legítimamente causados en cabeza de quienes, pese a que en apariencia fungieron como cooperados, en realidad han sostenido la calidad de trabajadores subordinados al servicio de una persona natural o jurídica”.

La consecuencia frente a esta omisión la trae el decreto citado en los siguientes términos:

“El asociado que sea enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17 del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo”.

En un caso como este además de la consecuencia señalada, se deben aplicar las consecuencias disciplinarias con todo el rigor.

Mientras en Colombia las autoridades no se comprometan con actitudes concretas con los postulados consagrados en la Carta Política, difícilmente lograremos el mínimo nivel de civilidad exigido por la comunidad internacional y además no tendremos la capacidad de orientar a nuestra sociedad hacia un nivel organizativo que permita un adecuado desarrollo para consolidar las bases de un verdadero Estado Social de Derecho.

Carlos Alberto Ballesteros Barón.
Concejal de Medellín.