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Germán Enrique Reyes

Los Concejos y Asambleas como espacios del PDA
Lunes 14 de enero de 2008

El Polo Democrático Alternativo –PDA– continúa en período de prueba en materia de administración, como en la participación a nivel del Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales. El 1 de enero del presente año, iniciaron su actividad Antonio Navarro Wolf como Gobernador de Nariño; 20 alcaldes, entre ellos Samuel Moreno Rojas en la ciudad de Bogotá, 22 diputados y 378 concejales. Debería citarlos a todos, porque todos representan nuestra organización pero, por razones de espacio en esta columna de opinión, no es posible. Por el significado que tiene para la política colombiana y por la responsabilidad que me compete, me referiré a Antioquia. Cómo no mencionar a nuestros concejales de olvidados municipios antioqueños: José Isaac David G. (Peque), Ramón Ángel Bedoya M. (Cáceres), Henry Portela (Yondó), precisamente donde el paramilatirismo ahogó toda expresión política de la inconformidad y sometió a sus pueblos al más aterrador amedrentamiento. En el Oriente antioqueño, en honor a sus luchas sociales de los años 70 y 80, están Ómar Ignacio Castaño y Rubén Darío Arenas por Marinilla y Rómulo Narváez por El Carmen de Viboral. Por el Suroeste, región otrora despensa cafetera y hoy sumida en la pobreza y el desempleo, están Gabriel Hernán Gaviria de Andes y Arturo Henao de Fredonia. Muy significativa fue la participación del PDA en el área metropolitana de Aburrá, en donde se eligió a Julián Ramiro David por Itagüí y a Álvaro de Jesús Castañeda Restrepo por Sabaneta.

En el Asamblea Departamental de Antioquia, Gabriel Raúl Manrique Berrío sabrá corroborar su combativa posición de activista y dirigente sindical del magisterio, para confrontar al gobernador Luis Alfredo Ramos, quien ha anunciado su incondicional respaldo a la política de la Seguridad Democrática y del llamado Estado Comunitario. Nuestro diputado antioqueño estará atento a la denuncia de la forma como se pretende continuar desmontando el Estado y entregando a la voracidad del sector privado los escasos recursos que aún nos quedan.

El abogado laboralista Carlos Alberto Ballesteros Barón es nuestro concejal por Medellín. Su hoja de vida es una prenda de garantía en lo político, técnico, académico y en lo social. Sus especializaciones en Derecho Laboral, Constitucional y en Seguridad Social, y su condición de abogado litigante en el campo laboral y administrativo, además de sus asesorías a las organizaciones sindicales, en especial a las del sector salud, le permitirán debatir con más propiedad en el Concejo. No es, pues, ni el burócrata que ha anidado en cargos públicos confeccionando clientelas y dando dádivas para apuntalar cuotas electorales, ni el político que ha medrado en despachos públicos en la búsqueda de prebendas para sus amigos que en un futuro aceitarán su maquinaria electoral, ni hace parte de aquellos que utilizan la interlocución desde el legislativo en provecho de intereses de grandes empresas o negocios. Es su primera incursión en lo público. Su nombre fue puesto a consideración, acompañado del programa “Construyamos Democracia Real” como una de las tendencias que, estatutariamente, reconoce el PDA en Antioquia, fundamentado en la defensa del Estado Social de Derecho, cuales son: 1. Garantía de la Seguridad Social para todos los habitantes; 2. Fortalecimiento de la Salud Pública; 3. Cobro de tarifas de servicios públicos domiciliarios al acceso de todos; 4. Respeto al trabajo en condiciones de dignidad; 5. Consideración de la salud, el agua potable y la educación como derechos fundamentales; 6. Defensa del patrimonio público.

El programa puesto a consideración, además de la exigencia del Concejal con respecto a un cambio en la cultura política, le permitirá mantener una posición clara y sin ambigüedades; no esas oposiciones de angustia y de dolor, cuando el gobernante de turno le niega partes de la torta burocrática o cuando éste no lo tiene en su santoral de los elegidos. Si el gobernante llega a desarrollar parte de los seis puntos del programa, merece la aprobación de las iniciativas que ponga en consideración. Por el contrario, acciones de gobierno o proyectos que rompan total o parcialmente esos anhelos prometidos, y que son la razón de nuestra postura política, de inmediato serán rechazados y denunciados. Bajo estas consideraciones, no se podrá rotular el accionar del concejal ni como de la oposición ni como de la coalición. Se hablará de coincidencias o de antagonismos. La balota no siempre será blanca, por el sólo hecho de provenir la iniciativa del ejecutivo, a quien reverencialmente se le rinde culto. Esta también ha sido la actitud que la bancada del PDA ha conservado en el Congreso de la República y que la opinión pública nacional ha podido conocer.

Somos conscientes que nuestro accionar político es, en alguna medida, silenciado por los grandes medios de comunicación, para quienes no somos noticia. Pero continuaremos construyendo nuestras alternativas de relación con nuestra militancia y con la nación, en especial con aquellos a quienes va dirigida nuestra propuesta política.

Indiscutiblemente, no se podrá decir que la vivencia en el Concejo de Medellín es la misma que se vive en el Congreso. La bancada de gobierno ha sido incondicional a los llamados de la Casa de Nariño y, a su vez, el presidente Uribe ha permanecido aferrado a su proyecto del Estado Comunitario y de la Seguridad Democrática sin punto alguno de interlocución.

Seguramente, en los Concejos y Asambleas sabremos aprovechar los debates de control político, como una forma de ejercitar el debate público, concitar la opinión y continuar nuestra línea de oposición al Gobierno nacional. Serán los espacios para probar nuestro ideario, puesto que nuestros diputados y concejales actuarán como bancada, guiados por nuestros estatutos, y sometidos a las instancias de dirección, tanto nacional como departamental y municipal. El ejercicio será transparente y sin lugar a componenda alguna.

Carlos Ballesteros, en su primera intervención, fijó claramente su posición en torno a los organismos de vigilancia y control, Personería y Contraloría, como entidades que deben estar en poder de quienes no hagan parte de la coalición de Gobierno. El controlado no puede insinuar o aplaudir a quien lo habrá de controlar. Ese tapen-tapen ha hecho mucho daño y ha contribuido a que, hoy, el fantasma de la corrupción siga vivito y coleando, y que ha impedido que el país salga de la lista de los más corruptos.


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