Polo Democrático Alternativo

Es fácil ponerse de acuerdo en la importancia de cualquier asunto relacionado con la niñez y la juventud. En este sentido no hay discusión. Pero sí diría que cualquier análisis serio sobre el tema debe empezar examinando la situación social de la niñez y de la juventud, porque no estamos legislando para Dinamarca, sino para Cundinamarca. Entonces comienzo señalando que los problemas de la niñez y de la juventud, más que problemas específicos, son simples reflejos de los que aquejan a la sociedad. En la medida en que haya una sociedad enferma, vamos a tener una juventud y una niñez enfermas.

El problema principal de los niños es una sociedad enferma

Señalemos entonces con franqueza que ninguna ley, ni la mejor, ni una hecha por ángeles, será capaz de resolver de verdad los problemas de la juventud y la niñez colombiana en una sociedad enferma. Y voy a dar un par de cifras, que son bien conocidas pero que hay que recordar en estos debates, porque oigo a la gente diciendo en los medios de comunicación que ahora sí a 17 millones de infantes y de jóvenes les van a ser resueltos sus problemas. Y aquí sí tengo que protestar airadamente, porque no hay derecho a que se manipule a la gente sencilla. Estamos hablando de una sociedad en la cual el 53% de los jóvenes está en la pobreza, de una sociedad en la cual el 23% de los jóvenes esta en la miseria. De una sociedad, ojo con este dato escalofriante, en la que los hogares de jefatura femenina pasaron del 5,6% al 28% del total entre los años 1997, cuando empiezan los efectos del neoliberalismo, y 2003. Y todos sabemos que, por definición, esos hogares que englobamos bajo el nombre de “jefatura femenina”, con todo el cariño y admiración por esas madres y por su enorme esfuerzo, son hogares que funcionan en unas condiciones de extrema debilidad, donde los niños y muchachos enfrentan todo tipo de dificultades en sus vidas y de adaptación al medio. Es lo que explica por qué, señora presidenta, un número tan grande de niños tiene pleitos con la ley y por qué quienes violan las normas legales suelen pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, no porque los pobres sean malos ni porque sufran taras biológicas, sino porque ese niño de estrato 1 tiene un padre, si es que lo tiene conocido, supremamente pobre y con toda clase de carencias.

Quieren mucho a los niños, pero echan a sus padres del trabajo

Lo primero que quiero entonces dejar sentado y de manera enérgica es mi desacuerdo con quienes aquí afirman que este proyecto va a resolver los problemas de la juventud y de la niñez. Inclusive, en plan de ironía, agregaría lo siguiente: si se quisieran resolver los problemas de la niñez, el primer derecho que habría que establecer sería el de los niños a tener un padre con un buen empleo, una buena estabilidad laboral y unos buenos salarios. Me molesta sobremanera la retórica neoliberal que habla de querer mucho a los niños, una retórica melcochuda, pegajosa, de tanto amor que exuda a favor de los niños, y me molesta porque todos aquí sabemos que a los neoliberales no les tiembla el pulso a la hora de echar del trabajo a los padres de esos niños. Y, a propósito, les hago un reclamo específico a los amigos del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez: ¿cuántos padres de cuántos niños se van a quedar sin empleo en la reforma del ISS que se está cocinando? ¿Cuántos niños de Colombia carecen hoy hasta de una elemental aspirina, porque se privilegian los intereses del capital financiero que ha montado un colosal negocio con la salud? Y así podría quedarme la tarde entera señalando con el dedo acusador el funcionamiento de una sociedad enferma que genera las gravísimas situaciones que padecen los niños y los jóvenes.

Derechos demagógicos

Pero no me interpreten estas palabras como que yo creyera, senador Gerlein, que los niños de Colombia no deban ser atendidos legalmente. Por supuesto que estoy de acuerdo con que se tramiten leyes que, en las actuales circunstancias, mejoren hasta donde sea posible la situación de la infancia. Y al respecto, voy a hacer unas cuatro glosas sobre el proyecto de ley, entrando a analizar algunos puntos que a mi juicio deben modificarse, porque como están, van a quedar mal planteados. Lo primero, los derechos y las obligaciones. ¡Increíble! El proyecto cuenta en números redondos con 210 artículos, y hay 120 que tratan sobre los derechos de los niños y las obligaciones de todo el mundo para con los niños, de la familia, la sociedad, el Estado, los medios de comunicación, la escuela. El que lea este proyecto de ley sin adoptar una actitud crítica y con algo de ingenuidad, pensará que por fin los niños de Colombia van a ver resueltos todos sus problemas y que en ninguna otra parte del mundo se quiere tanto a los niños como en este bellísimo país. Pero cuando uno entra a la sustancia, a lo grueso, advierte que lo que hay allí es pura retórica que no conduce a anda, y que además sobra, porque está planteado en muchas normas de la República y por lo mismo aquí resultan redundantes. Pero no está, y desde ya exijo que se incluya, el derecho de la rehabilitación, a la resocialización, a la reeducación, o como se quiera llamar. No está el derecho que debe reconocérseles a los niños de Colombia, cuando entran en contradicción con las leyes, a no ser tratados como delincuentes, en cárceles o mediante planes de limpieza social, sino como niños o jóvenes a los que la sociedad no les ha brindado la necesaria atención. Ha de ser el primer derecho que debe establecer un Código de la Infancia. Diría que casi el único que no puede faltar cuando hablemos de contradicciones de los niños y jóvenes con la ley, porque está íntimamente relacionado con la concepción que se tenga de cómo reasimilar y ganar para lo sociedad a ese niño o a ese joven que se ha puesto en contradicción con las normas de la República.

Puertas abiertas a la compraventa de niños

Con respecto a las casas de adopción y al derecho de adoptar, señalo una posición de principios: son también producto de una sociedad enferma. Mientras más enferma sea una sociedad, más niños requerirán adopción. Y un país serio que quiera de verdad a sus niños debería tener una poderosísima política estatal vigorosamente nutrida con todo tipo de recursos a fin de garantizar que el Estado responda por las situaciones que hay que atender en los casos de adopción y madres embarazadas, niñas que pueden estar en condiciones de no querer quedarse con sus niños. Esto debe ser una obligación del Estado. ¡Cómo así que el Estado que crea el problema de los niños sin padres o sin familia no asume con toda responsabilidad el deber que le compete de atenderlos como debe ser, y esos deberes se los va pasando a la sociedad, a organizaciones de tipo filantrópico, si ustedes quieren, o no tan filantrópico, si somos más realistas, porque de todo hay, senadores, en la viña del Señor. Se impulsa además, a mi juicio, una situación perversa, porque por muy buenas personas que sean quienes organizan las casas de adopción tienen una contradicción objetiva: ¿dónde están los recursos para atender adecuadamente a esos niños y esos procesos, que, como sabemos, son de suyo costosos? ¿Dónde están, quién se los da? ¿Se los garantiza el Estado? No. No se los garantiza el Estado, y los particulares están obligados a conseguirlos, so pena de fracasar. Y ahí está inoculado el germen de actitudes negativas que uno no puede compartir. La propia Organización de las Naciones Unidas le recomienda a Colombia poner atención sobre este punto, porque ve dos problemas graves. El primero, que hay exceso de adopción de extranjeros sobre niños nacionales, que por supuesto deberían quedarse en Colombia, porque nuestro principal recurso son los niños y los jóvenes de hoy. Y el segundo, que es evidentemente baja la participación del ICBF al respecto. Me hago una pregunta: si es la ONU la que lo señala, por qué la Unicef y todos los que están promoviendo el proyecto no caen sobre esto y establecemos una normativa que resuelva como un deber del Estado atender a esos niños en los procesos, en vez de seguir, como hoy, presionando, porque en la práctica lo hace, la compraventa de niños, como se ha denunciado. ¡Niños a seis y a nueve mil dólares! Porque finalmente las casas de adopción no pueden darse el lujo de no entregar niños en adopción. Cuando dejen de hacerlo, pierden la posibilidad de recibir, sea bien o sea mal, los recursos que les son necesarios. Aquí hay un problema de fondo, una contradicción que ustedes tienen que reconocerme. Si quieren a los niños de Colombia, deberían señalar en este proyecto de ley que el Estado dará toda la plata, y toda es toda, para promover una política de adopciones que garantice en el proceso la absoluta transparencia y limpieza.

Inaceptable, responsabilizarlos penalmente

Paso a señalar otro aspecto: qué hacer con los niños y jóvenes que se encuentran por fuera de la ley. No comparto la tesis, porque se contradice con mi idea de que Colombia es una sociedad enferma, de convertir a los jóvenes en responsables penalmente. Para mí es un problema de principios. Una sociedad que no les brinda educación a los niños, una sociedad que no les da a los padres de los niños empleo, buenos salarios y salud, que les niega todo, con qué derecho le monta un pleito penal a un muchacho que se pone por fuera de las normas. Pero entendiendo que se trata de una discusión filosófica. Voy a ir a un punto de tipo práctico: no veo en el proyecto de ley una normativa que apunte de verdad a atender a estos niños en función de reeducarlos, de resocializarlos, de la readaptación, como se quiera llamar. Ni siquiera existe el derecho, ya lo he mencionado, pero además en las normas no está planteado ese objetivo.

No hay nada en reeducación, readaptación

En la ley hay otro punto de extrema gravedad, y es el artículo que dice que, mientras se crean las instituciones en dónde internar a esos muchachos para lo que uno supone son funciones de reeducación, se les podrá conceder la posibilidad de rehabilitarse: o en la familia, o bajo libertad vigilada. Planteo una pregunta: ¿cuáles son las familias? ¿Adónde es que van a dar esos muchachos? No a familias normales ni a nada que se les parezca, si es que las tienen. Voy a leer la norma precisa: “En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o la detención domiciliaria”. Es un punto muy debatido, porque no se garantiza la reeducación ni la resocialización de los muchachos. A alguien tal vez le parezca que es muy democrático que los muchachos queden sueltos y en la calle, pero a lo que eso conduce la norma es a las operaciones de limpieza social y que esos muchachos, en la medida en que reincidan, terminan siendo asesinados por una u otra razón.

En Brasil aumentó la “limpieza social”

Les repito la cifra escalofriante que nos dio el sacerdote que estuvo hablando aquí la semana pasada. En Brasil, donde ya se reformó con esta lógica el Código de Menores, los asesinatos de niños y de jóvenes entre los quince y veinticuatro años, y entre 1993 y 2002, se incrementaron en 88 por ciento, ¡ojo con la cifra!, mientras que en el resto de la sociedad el porcentaje de incremento de la violencia fue bastante menor. Pongámonos de acuerdo en algo simple: si no encontramos cómo reeducarlos o resocializarlos, esos muchachos van a ser brutalmente asesinados o convertidos en sicarios o gatilleros. Y el proyecto no atiende este problema.

Se deja al ICBF sin funciones

Por último, hay otro punto que se me hace muy sospechoso. El ministro de la Desprotección Social no me respondió a unas preguntas que le envié y quiero insistir en ellas, senadores, para que les echemos ojo, un aspecto que nadie ha logrado explicar, y es que, de manera sistemática, el proyecto le arrebata al ICBF todas sus principales funciones y, según el artículo 204, se las transfiere a los municipios y a los departamentos. Pregunto entonces qué va a pasar con el ICBF si se le arrebatan todas sus funciones. Y hago otra pregunta: ¿qué va a pasar además con los recursos que necesitan los municipios y los departamentos para atender las nuevas funciones que les vuelcan encima? Insisto en exigirle al gobierno nacional que me diga qué pasa con el ICBF en este proyecto de ley. Porque aquí alegremente el ministro de Hacienda dice que la plata del proyecto va a ser la del ICBF. No es cierto. Al ICBF no le pueden quitar la plata, porque por norma tiene que ser esta entidad la ejecutora de esos gastos. Entonces que nos digan qué es lo que está pasando al respecto, porque, repito, me parece supremamente sospechoso.

Quiero terminar por donde empecé. El problema de la niñez en Colombia es por sobre todo el problema de una sociedad enferma. Es el principal aspecto que tenemos que atender. Y a la ley tenemos que dotarla de las mejores condiciones posibles. Insisto entonces en que el problema es más de recursos que de otra cosa. O hay plata para atender en serio a la niñez o no la hay. Este gobierno tiene 740 mil millones de pesos del ICBF en TES, en títulos de tesorería, mientras que los niños y los jóvenes de Colombia languidecen en medio de todo tipo de necesidades.