Polo Democrático Alternativo

Bogotá D.C., mayo 2 de 2007

Señor,
JOSÉ MIGUEL INSULZA
SECRETARIO GENERAL
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA
Washington

Respetadísimo Señor Secretario General:

Colombia atraviesa un periodo en que se hace evidente la grave amenaza que se cierne sobre la legitimidad del sistema electoral, provocada por las violentas acciones de los grupos armados al margen de la ley, especialmente los denominados paramilitares, en combinación con sectores políticos proclives a la corrupción y al crimen, que han logrado distorsionar la voluntad popular libre en los años transcurridos de la presente década. Esto se puede comprobar con una simple mirada a los últimos acontecimientos de la denominada para-política, que han llevado a la cárcel a ocho parlamentarios, mantiene bajo investigación a casi una veintena y uno más se encuentra prófugo. Mientras que en el ámbito regional y municipal hay un gobernador y varios diputados detenidos y numerosas investigaciones contra alcaldes y concejales.

El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares no ha tenido el éxito que el gobierno proclama, pues si bien un número importante de jefes desmovilizaron unas estructuras y asumieron su reclusión en el municipio de Itagüi y otros lugares, otros de ellos se negaron a desmovilizarse, además de que las regiones donde operaban los primeros, fueron rápidamente copadas por mandos medios de las mismas estructuras o ellas fueron reemplazadas por otras nuevas.

En el Polo Democrático Alternativo, como partido político legalmente constituido y expresión de la oposición legitima en Colombia, vemos con preocupación el desarrollo del los próximos comicios electorales del mes de octubre, cuando Colombia elegirá sus nuevos mandatarios y cuerpos colegiados locales y regionales.

A nuestro juicio, los sistemas de participación ciudadana siguen seriamente amenazado por ejércitos y grupos armados al margen de la ley que constriñen la voluntad de los electores mediante la imposición armada de prácticas como: suplantación y amenaza de los electores, amenazas a los jurados en los puestos de votación, traslado de mesas de votación, amenazas a candidatos, imposición de candidatos únicos, entre otras.

En la providencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia, -Sala de Casación Penal, proceso 26.470 del quince de febrero de 2007- dicta medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación a varios congresistas, señala:

“Por diversas fuentes, la Corte tuvo noticia de la existencia de un proyecto político paramilitar en los departamentos de Magdalena y Cesar, encaminado al posicionamiento de miembros de esa organización en los diversos niveles de la administración pública y en cargos de elección popular, como estrategia para ocupar espacios políticos, expandir su área de influencia, procurar su financiación y tener voceros en las instancias decisorias de la Nación”

Más adelante la Corte expone la manera como se coartó a los electores: “Este proyecto de apoderamiento de lo político se hizo a expensas de la libertad de participación de los ciudadanos en el acto de elegir y ser elegido, expresión material del derecho fundamental al sufragio, sobre el que se edifican las democracias modernas y que se constituye en el presupuesto necesario de legitimación del poder para lograr la construcción y mantenimiento de la paz sobre bases de convivencia civilizada, en la que la violencia no puede ser un instrumento para su consecución como se pretendió en el presente caso, en el que la coacción, la intimidación armada y otras expresiones de fuerza y ardides lo impidieron”

En el Polo Democrático Alternativo somos conscientes de la urgente necesidad de implementar mecanismos de control y seguimiento al proceso electoral del mes de octubre toda vez que la Corte señala, en la sentencia en mención, que “Esta realidad que percibe la Corte debió merecer, como también ahora, la intervención oportuna de los diferentes órganos electorales y de control competentes, a los que se les enviará copia de la presente decisión para los fines que estimen pertinentes y en especial para que adopten las medidas correctivas que impidan en el futuro hechos similares”

Otro informe que causa profunda preocupación al interior del Polo Democrático Alternativo es la investigación presentada por la Corporación Nuevo Arco Iris, dirigida por el investigador León Valencia, en el que se señala la influencia de los grupos paramilitares en los procesos electorales “En una gran ola de expansión los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos……, trasformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el estado”.

El mismo informe señala que “en las elecciones del 2006, 33 senadores y sus fórmulas a la cámara resultaron elegidos en zonas de control paramilitar. Estos senadores obtuvieron 1.845.773 votos que representan una tercera parte de la votación para Congreso…..”.

Es altamente preocupante el resultado de las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris, cuando señala en su informe de Febrero de 2007 que “En el proceso de expansión de los paramilitares, especialmente entre 1999 y 2003, logramos documentar su presencia en 223 municipios en la mayoría de los departamentos del país, pero más intensa y decisivamente en 12 departamentos. Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare fueron los más afectados. El énfasis es el norte y el nororiente del país, pero también se expandieron hacia el sur”

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el estudio realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, nos dan motivos suficientes para que invoquemos la aplicación del artículos 18 y 24 de la Carta Democrática de la OEA porque, en nuestra opinión, Colombia ha enfrentado, y sigue enfrentando, situaciones que afectan el normal y libre desarrollo de nuestros procesos electorales y democráticos.

Por las anteriores consideraciones, el Polo Democrático Alternativo acude a usted, respetado doctor Insulza, para solicitarle formalmente se considere la aplicación de los artículos 18 y 24 de la Carta Democrática de la OEA, en lo relacionado a las Misiones de Observación Electoral, durante el proceso político del próximo mes de octubre donde se elegirán los nuevos alcaldes y gobernadores.

Esperamos que desde la OEA se considere el apoyar el trabajo que ya se está realizando desde algunos sectores de la justicia y la sociedad, para que en estas elecciones regionales del mes de octubre de 2007 los colombianos gocemos de libertad para elegir y vivamos un proceso que realmente legitime nuestra democracia y no se repitan hechos como los que son motivo de investigación actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

A la espera de su respuesta,