Polo Democrático Alternativo

“A pesar de haber escuchado a unos 8.500 ex combatientes, la Fiscalía sólo ha logrado que 25 de ellos sigan vinculados a procesos penales”, subrayó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Con base en entrevistas a desmovilizados, a sus víctimas y a funcionarios, la organización defensora de los derechos humanos concluyó en el informe, titulado Las apariencias engañan, que el proceso se ha limitado a ‘sacar de circulación’ a miles de combatientes, sin conseguir de ellos información útil y sin garantizar que se mantengan al margen del conflicto.

Según la ONG, el actual proceso de desmovilización de paramilitares es “ineficaz” para desmontar las poderosas estructuras de las autodefensas, para hacerles justicia a sus víctimas y, en últimas, para pacificar a Colombia.

Se trata, dice, de un pésimo negocio para el país, pues los paramilitares reciben casi todo lo que desean por casi nada a cambio, mientras que el Gobierno “perderá su principal instrumento para presionar a los líderes de estos grupos: la amenaza de la extradición”.

Otro de los blancos de las críticas de HRW fue la Misión de Apoyo al Proceso de Paz enviada por la OEA y dirigida por Sergio Caramagna, cuyo papel calificó de “altamente cuestionable” por su supuesta subordinación al Gobierno.

“Nos opondríamos de la misma manera a un proceso similar con el Eln o las Farc”, concluyó Vivanco.

Recomendaciones al Gobierno

Sobre justicia y paz

Eliminar las disposiciones que establecen los plazos de 36 horas para que el fiscal haga la imputación al desmovilizado después de recibir la versión libre y de 60 días para completar las investigaciones.

Exigirles a los jefes de las autodefensas una confesión plena y veraz, en la que revelen todo sobre la estructura operativa de su grupo, sus fuentes de financiación y sus bienes ilegales.

Eliminar los beneficios jurídicos si han mentido u omitido información sobre sus crímenes, operaciones y finanzas, o si conservan bienes obtenidos con el fruto de actividades ilegales, como el narcotráfico.

Negar rebajas de penas a través de desmovilización individual a jefes paramilitares hasta que sus tropas se hayan desmovilizado por completo y hayan dejado de cometer actos atroces.

No tener en cuenta el tiempo de negociación como tiempo de pena efectiva cumplida.

Sobre los desmovilizados

Prohibir beneficios para quienes hayan violado el cese del fuego.

Exigir que la lista de los desmovilizados incluya nombres, seudónimos, rangos, áreas de operación y fecha de ingreso al grupo de quienes desean acogerse a los beneficios. Revisar antecedentes de cada ’para’, incluidos los seudónimos.

Elaborar un registro que identifique al dueño de cada arma entregada.

Incluir a miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en el equipo que entrevista a los desmovilizados. Indagar a estos sobre víctimas, secuestrados, atrocidades y financiamiento.

Revisar todos los casos sin resolver de abusos que puedan atribuirse a paramilitares, para determinar si las personas que se están desmovilizando deben ser procesadas interrogadas en determinadas investigaciones.

Monitorear a cada ‘para’ y que en ese monitoreo estén involucrados agentes locales y nacionales.

‘Garrote’ a misión de OEA

Human Rights Watch dice que la Misión de Verificación de la OEA “ha contribuido a dar al proceso una apariencia de legitimidad que no se merece” y ha estado “subordinada” al Gobierno. También cuestiona que no se haya elaborado una relación arma-combatiente desmovilizado, lo que eliminaría su carácter de prueba. Además, recomienda a los países miembros de la OEA que retiren del país ese mecanismo.

Sergio Caramagna, jefe de la Misión, dijo que no polemizará con HRW y que “el hecho de tener a 8.600 hombres que han dejado la guerra se defiende por sí solo”.

Reservas por versión libre

Según WRH, ningún fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos está en las comisiones que reciben las versiones de los desmovilizados, pese a que esa unidad es la que usualmente investiga a ‘paras’ y guerrilla.

El protocolo establecido por la Fiscalía incluye un grupo de preguntas básicas (nombre, grupo, rango, jefes, área de operaciones y razones de la desmovilización), pero no indagaciones de fondo sobre los crímenes cometidos por los paramilitares.

La Fiscalía respondió que los procesos por delitos que no sean aclarados siguen vigentes y que sus fiscales reciben apoyo de la Unidad de Derechos Humanos.