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Deslindamos campos con las FARC o la llamada oposición ilegal*

Germán Reyes
Lunes 14 de enero de 2008

"El mayor peligro –quizá el único- para el verdadero revolucionario es exagerar el revolucionarismo, ignorar cuáles son los límites en que los métodos revolucionarios son adecuados y eficaces”(1) Marta Harnecker, La izquierda en el umbral del Siglo XXI Edición Desde abajo, 1998

Algún comentarista político dijo que las FARC colocaron la política sobre una bicicleta estática y otro dijo que al país lo colocó del lado de la derecha. El episodio de la frustrada liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, más el desenlace de Emmanuel, no da para algo distinto. Con razón, desde Puerto Rico, la senadora Piedad Córdoba, según la agencia Nova, llegó a afirmar: “Tanto el presidente Chávez como yo […] lo que somos es un par de idiotas que no nos hacen ni simple caso”.

No pueden afirmar las FARC que su espíritu esté tranquilo y sosegado por el desenlace, ni sostener que al niño lo mantuvo ubicado en Bogotá alejado de la peligrosa confrontación bélica, en espera del momento adecuado para su entrega, para que la familia le dé los cuidados que se merece y resarcirlo de los dolores que le haya causado la guerra. O hacen los goles o los ven hacer. Por los relatos de prensa, podemos concluir que lo de Emmanuel se debió a golpes de suerte o del destino, no del actuar político. Entenderlo de otra manera es oportunismo rampante.

Mucho se ha escrito y opinado, y quizás resulten redundantes más aportes. Son capítulos más de esta larga historia que concita a la opinión pública nacional e internacional.

Comparto con Iván Cepeda Castro (en su nota publicada en El Espectador el 5 de enero de 2008), además por la autoridad que se merece por su destacado papel en la lucha por el resarcimiento de las víctimas de la guerra paramilitar y por su activismo sobre el Acuerdo Humanitario, que “por primera vez en muchos años, el país, acompañado de un amplio respaldo internacional, estaba a punto de presenciar un acto que estimulara la confianza en que es viable encontrar una salida definitiva al conflicto armado. De comprobarse, por parte de fuentes independientes, que las FARC no tenían en su poder a Emmanuel cuando ofrecieron la liberación unilateral, y que mintieron para ocultar ese hecho, estaríamos ante una nueva demostración de crueldad en el tratado a los secuestrados y ante un burdo intento de engaño a los observadores internacionales”. Es lo que hemos sabido. Un trato cruel, degradante o inhumano a los secuestrados y un cierre a toda posibilidad de interlocución de la comunidad internacional, de personalidades del mundo político, de organizaciones sociales, como una de las lecciones que han quedado. El Polo Democrático Alternativo se ha pronunciado por todos los medios en el rechazo al secuestro como método revolucionario ético, adecuado y eficaz en la contienda actual.

En sus pronunciamientos, las FARC se autoproclaman como la insurgencia que ha copado los espacios de la lucha opositora ilegal en Colombia; ha reconocido la existencia de una oposición legal o de izquierda en referencia al Polo, con matices de corte socialdemócrata, con una plataforma de izquierda, con un predominio de una tendencia de corte reformista, porque persistimos “en la búsqueda de profundos cambios en la estructura del Estado y en el ejercicio de la política en Colombia, en todo sentido” –según sus expresiones-. ¿Se ha vuelto la izquierda latinoamericana reformista porque ha privilegiado los espacios institucionales?, ha sido la pregunta del momento. Marta Harnecker (2), una revolucionaria de larga trayectoria, que escapó al genocida Pinochet, se preguntó ¿Una izquierda que privilegia lo institucional es necesariamente reformista? ¿Una izquierda que rechaza lo institucional y plantea salidas muy radicales es necesariamente revolucionaria? ¿Ser partidario de avanzar por las reformas es hoy ser reformista? Y la respuesta parcialmente la encontró en el epígrafe trascrito, al que agrega “El problema no es decir si o no a las reformas, sino examinar el cuándo es conveniente luchar por reformas y cómo se pueden obtener de ellas frutos revolucionarios”.

Nuestras luchas por las reformas no están orientadas a perfeccionar el actual orden existente, sino en modificarlo profundamente. Convencidos estamos de la crisis nacional, ocultada por todos los medios, de la que sólo salimos mediante la profundización de la democracia, cada vez más restringida, hoy más que nunca, por el llamado gobierno de la Seguridad Democrática; condicionada al unilateralismo del gobierno del presidente Bush y su estrategia de guerra preventiva; además de la lucha por el ejercicio pleno de la soberanía nacional, hoy hipotecada a los mandatos del imperio norteamericano, casi en solitario, en el contexto latinoamericano, donde nuestra propuesta política cada vez cobra mayor vigencia.

En nuestro ideario está claro que abogamos por “un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista que respete y haga efectivo los derechos políticos , económicos, sociales y culturales de la población, y los de la protesta, organización y huelga de los trabajadores tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el territorio nacional”. Para referenciar uno sólo de los contenidos. Esos derechos serán respetados y se harán efectivos en medio de la confrontación entre quienes todo lo tienen y los desposeídos; de ahí el por qué garantizar la protesta, la organización y la huelga como expresión de la desigualdad, como factores subjetivos y de preparación para ese cambio definitivo del modelo de sociedad que habrá de imponerse. Hoy, con el modelo neo-liberal de por medio, es revolucionaria la defensa del Estado Social de Derecho, el mismo que ha sufrido todas las embestidas de un sector de la sociedad que se niega a hacer las más mínimas concesiones. Al pueblo no lo hemos engañado cuando le informamos que sus reivindicaciones pasan por nuestro accionar parlamentario; por el contrario, hemos reconocido el alcance de sus reclamaciones y de la movilización como instrumento de alta efectividad. En el parlamento hemos sido testigos, y allá han quedado nuestras constancias de rechazo, de la forma como se envilece cada día más al pueblo. Nuestra agitación en las contiendas electorales la hemos entendido como espacios de educación popular, lejos del promeserismo y la burla. Nuestra postura en el espacio parlamentario ha sido honesta y de prácticas diferentes, alejada de la demagogia y en medio de los límites de la institucionalidad vigente y de los intereses que allí se mueven a favor de quienes han usufructuado las riquezas de este país y de las transnacionales.

Las FARC, incluso, se han atrevido a señalarnos de cómplices del actual gobierno por supuesta negación o desconocimiento de la movilización popular respecto al canje humanitario y al reconocimiento del conflicto interno que ya empieza a traspasar las fronteras. Nuestro ideario de unidad plantea que la “solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia, las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en búsqueda de acuerdos de paz […]. En esta perspectiva, y recurriendo a la búsqueda de una solución negociada con la insurgencia, se emprenderá la concreción de un acuerdo nacional con base en el respeto a la soberanía y la vigencia de los principios democráticos, acuerdo en el que deben tener activa y decisoria participación todos los sectores de la sociedad”. La guerra, para diferenciarla de la barbarie, tiene sus límites, los que hoy parece se han vuelto invisibles y que provocan el rechazo de la sociedad en pleno.

El Polo ha sostenido que “mientras persista el conflicto, se buscarán acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia para proteger a la población de los efectos de la guerra y poner fin a la agobiante e indigna situación de las personas que, a causa de dicha contienda, están secuestradas o se les ha privado arbitraria o injustamente de su libertad. Consideramos que el cese al fuego y de las hostilidades puede ayudar a propiciar condiciones para restablecer la credibilidad al diálogo tras las frustraciones del pasado”.

No somos los renegados que hemos puesto nuestras espaldas a la historia. Por el contrario, nos aferramos a la lucha democrática de masas; apoyamos e impulsamos las protestas ciudadanas, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; defendemos un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores populares para construir una alternativa de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra, tal como está consignado en nuestro ideario de unidad.

Abogamos porque la liberación de Clara y Consuelo siga siendo el paso para abrir la senda del intercambio humanitario y la negociación para poner fin a esta triste historia. De nuestra parte, el debate queda planteado y seguimos aferrados a nuestra propuesta política que, por el momento, nos ha permitido sostener que somos una clara oposición y una alternativa en la actual coyuntura del país.

Medellín, 10 de enero de 2008

*PSD:* A la entrega de este artículo para su publicación, conocimos de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Saludamos la libertad de las secuestradas, así como la gestión del presidente de Venezuela, de la senadora Piedad Córdoba y de la Comunidad Internacional, quienes se han solidarizado con Colombia en esta lucha por contribuir a la paz nacional. También felicitamos a los familiares de las secuestradas recientemente liberadas.

* Germán Reyes, es Representante a la Cámara por el Polo.


(1) Cita de Lenin, t.35, p.555
(2) Harnecker, Marta, La izquierda en el umbral del Siglo XXI, Ediciones Desde Abajo, Bogotá 1998, p 283

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