El proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto desvincular, de manera definitiva, el monto de las participaciones de los departamentos y municipios de los ingresos corrientes de la Nación, es de esencia recentralizadora al producir un recorte de los recursos constitucionales pertenecientes a las entidades territoriales para regresarlo a la órbita nacional.

Se argumenta que sin la nueva reforma el déficit de la Nación se vuelve incontrolable y que el crecimiento de las transferencias con la inflación más unos puntos del crecimiento económico aseguran coberturas totales en los servicios sociales a los cuales los asignó expresamente el constituyente. Ambos argumentos son cuestionables y falaces. En primer lugar, lo que hace falta es una verdadera ley de responsabilidad fiscal nacional semejante a la Ley 617 de 2000 que se ha aplicado con éxito en los territorios, a tal punto que el déficit fiscal que se acerca al 5% del PIB resulta de restarle al déficit nacional de cerca del 7%, 2 o 3 puntos de superávit generado por los departamentos y municipios. En segundo término, ¿A quién se le ocurre que las coberturas y calidad de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental se verán reforzados con un recorte de 5 billones de pesos anuales?

La realidad es que esos 5 billones de pesos anuales o $20 billones en cuatro años, que se le cercenan a las entidades territoriales irán a parar, no en reducción del déficit de la Nación, sino en auxilios disfrazados repartidos en consejos comunales. Se reemplaza así el gasto público social con destinación específica cuya ordenación corresponde a la órbita local para garantizar de los derechos de los ciudadanos con fondos de asignación menos estricta ubicados bajo la órbita del Jefe de Estado susceptible de ser convertidos en dádivas graciosas, pero odiosas, para premiar apoyos y excluir, desde luego a aquellos gobernantes locales no afectos a la política oficial actual.

Ya existe un documento CONPES en tal sentido. Se trata de la creación de una red para atender a las familias en extrema pobreza con un presupuesto de $18.7 billones para los próximos cuatro años. La inserción y articulación de beneficiarios se hará a través del Programa de Familias en Acción de la Presidencia de la República. Los municipios y departamentos tendrán acceso a los recursos de la Red, siempre y cuando firmen convenios con el programa presidencial que incorporan condiciones a las cuales acceden, desde luego, de manera “voluntaria”.

No hay duda que la estrategia de la reforma constitucional reduce, no solamente los recursos transferencia afectos a la inversión social por mandato expreso de la Constitución, sino que afecta sensiblemente la capacidad, es decir, la autonomía de las entidades locales, para responder a las exigencias y necesidades básicas de sus gobernados. Recentralización, debilitamiento de la autonomía territorial y retroceso a la atención social a título de gracia gubernamental y no de derecho ciudadano, constituyen la negación del Estado social. En resumen: una contrarreforma constitucional de signo negativo.