Polo Democrático Alternativo

Bogotá-. Al igual que Al Qaeda, el terror ha sido el método por excelencia de los paramilitares.

El atentado del pasado 6 de julio en Londres nos muestra que para Al Qaeda no hay distinción entre el Estado británico y el pueblo que habita la Gran Bretaña. Para los grupos paramilitares nunca hubo distinción entre el guerrillero y el sindicalista, ni entre el insurgente armado y el intelectual de izquierda, ni entre el frente guerrillero y el campesino que convivía -por accidente, conveniencia u obligación- con ese frente.

Porque los grupos paramilitares nacieron y crecieron para aterrorizar a la población que ellos veían como cercana a la guerrilla, "envenenando o desalojando el agua para matar el pez". Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las mutilaciones, los desplazamientos forzados, fueron siempre la praxis paramilitar.

Es desde esta perspectiva desde la cual hay que leer el editorial de The New York Times del pasado 4 de julio, donde, bajo el título ‘La capitulación de Colombia’, se descalifica la Ley de Justicia y Paz.

Es una dura crítica a la inconsecuente política de Bush en su lucha contra el terrorismo. "La administración Bush hubiese podido presionar al presidente Álvaro Uribe a pasarles una buena cuenta de cobro (a los paramilitares). En lugar de ello, el embajador William Wood respaldó de manera entusiasta la nueva ley, dándole Washington un respaldo a la capitulación colombiana frente a una mafia terrorista", remata el editorial de The New York Times.

Falta ver qué pasa entonces con el otro ingrediente consustancial al paramilitarismo. Desde Rodríguez Gacha hasta la fecha, los grupos de autodefensa tuvieron su pilar económico en el jugoso negocio del narcotráfico. Actualmente, según el mismo The New York Times, dichos grupos controlan el 40 por ciento de la cocaína que sale de Colombia. La Ley de Justicia y Paz establece que, de acuerdo con la Convención de Viena, no es posible admitir la conexidad con los delitos de narcotráfico. De modo que ‘don Berna’, por ejemplo, podrá recibir beneficios jurídicos por sus acciones de terror, pero no podrá disminuir sus penas por el tráfico ilícito. Ni podrá evitar ser extraditado, a menos que, como en el caso de Mancuso, el presidente Uribe decida suspender la aplicación de la extradición.

Y ello pone la situación de los jefes de las autodefensas, no en manos de la ley, sino en las manos de la voluntad política de un Presidente en trance de reelección.

Este Gobierno debería completar la tarea que empezó con sus acuerdos con los paramilitares. Lo peor, en política, son las cosas a medio hacer. Uribe está en mora de proponer una nueva ley para el sometimiento de los narcotraficantes, hayan sido estos o no jefes de grupos de autodefensas.

Porque, como hemos podido ver, la pretensión de desparamilitarizar sin desnarcotizar no es posible.

Ya obtenido, por parte del Gobierno y del Congreso de Colombia, el respaldo de Bush para flexibilizar su posición frente al terrorismo, ¿por qué no lo hace frente al narcotráfico?

Seguramente protestarán de nuevo los sectores demócratas de los E.U. y habrá un nuevo editorial de The New York Times. Pero no podrá ser peor que el del 4 de julio.