Carta sobre el nuevo código del menor y el futuro del Instituto de Bienestar FamiliarBogotá-. El senador del Polo Democrático Jorge Robledo, le envió carta a Diego Palacio ministro de la protección social y a Gerardo Burgos Director ICBF preguntándoles sobre el futuro de esta entidad.
Doctores
DIEGO PALACIO
Ministro de la protección social
GERARDO BURGOS
Director (E) ICBF
Bogotá
Referencia: ¿Con el nuevo Código del menor se acabarán el ICBF y los recursos parafiscales que financian sus programas?
El Artículo 202 del proyecto de ley 215/06 senado que modifica por completo el actual Código del menor les transfiere a los municipios, distritos y departamentos el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, nuevas responsabilidades que los entes territoriales desarrollarán con los lineamientos técnicos que les dará el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
También reduce las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Nacional (ICBF) a asesorar al DNP y a hacer la “articulación de las entidades responsables” ya mencionadas, pues estas asumirán prácticamente todas sus funciones. Planeación queda, además, como “el ente responsable de diseñar la política pública” y de “movilizar y apropiar recursos presupuestales” para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
Además obliga a los alcaldes y gobernadores a incluir dentro de los planes de desarrollo de los entes territoriales la problemática que les transfiere la nueva ley, pero sin que en ninguna parte de esta se señale que recibirán los recursos parafiscales por 1,4 billones de pesos anuales de que hoy dispone el ICBF para esos efectos. Y la ley agrega que los concejos municipales, las asambleas departamentales y el Congreso deberán articularse entre ellos para garantizar “la asignación de los recursos para la ejecución de la política pública propuesta”.
Pregunto, entonces:
¿Por qué la ley 215/06 no señala que los recursos parafiscales de que hoy dispone el ICBF se transferirán a los entes territoriales que asumirán sus funciones?
¿Con qué recursos financiarán los entes territoriales las nuevas obligaciones que les impone la ley?
¿Qué hará el ICBF con los recursos parafiscales que hoy ejecuta?
¿Cuántos trabajadores requerirá el ICBF para sus nuevas funciones?
¿La política del gobierno nacional sobre niñez y juventud incluye eliminar los gravámenes parafiscales que hoy financian estos programas?
Espero que una respuesta escrita a estas preguntas se envíe al senado antes de empezar el debate sobre la Ley 215/06, propuesto para el día de mañana.
Atentamente,
Jorge Enrique Robledo
Senador de la República
Bogotá, 31 de julio de 2006