Polo Democrático Alternativo

Gustavo Petro apareció ayer ante la Cámara de Representantes en pleno, vestido con un chaleco antibalas del más alto blindaje para afirmar que no le da pena admitir que hizo un acuerdo con el gobierno de Uribe, sobre garantías electorales.

"Para el Polo no puede ser un pecado hacer un acuerdo con el Gobierno, ni para el Gobierno un pecado hacer un acuerdo con el Polo, sobre este tema", dijo Petro en un intento por liquidar las críticas de quienes lo acusan de hacerle el juego a Uribe.

Sus palabras parecían dirigidas tanto a los opositores de su propio partido, como a sus contradictores de otras fuerzas.

Dijo que tanto la veeduría internacional para zonas de conflicto como los topes financieros para las campañas, no tienen otro propósito que evitar sangre en la campaña electoral que se avecina. "Solo falta que alguien prenda la mecha, para que se produzca la conflagración", afirmó.

Por eso dijo que los consensos son ante todo un éxito para la democracia colombiana. Para responder a los críticos del acuerdo, el parlamentario recordó que el liberalismo, que ahora se retira de la discusión de la ley, se negó a aceptar, cuando detentaba el poder en 1996, lo que ahora exige como oposición.

Hizo referencia especial sobre el papel de los veedores en la campaña, que figura como el primer punto del acuerdo. "Este punto es más importante ahora que el señor Vicente Castaño ha dicho que van (los paramilitares) a venir por todo, por estas curules, por el poder".

Visiblemente preocupado por el entorno que ha comenzado a rodear el debate, dijo que el proceso de paz en marcha "es cada vez más amenazante" y que hay un problema fundamental por resolveren esta contienda: la vida.

También resaltó el ingrediente económico del acuerdo y expresó que si una ley como la que está a punto de aprobarse hubiera existido, los colombianos no hubieran tenido Proceso 8.000.

"Si logramos la financiación estatal anticipada los candidatos presidenciales no tendrán que arrodillarse ni ante los grupos económicos ni ante la mafia. Por eso me siento orgulloso de este acuerdo", dijo con vehemencia.

Aplazada votación

El proyecto no pudo ser votado ayer en segundo debate en el pleno de la Cámara , por falta de quórum, no obstante los esfuerzos del Gobierno por agrupar su bancada. Sinembargo, se avanzó en la discusión general y su votación será el primer punto del orden del día de la próxima sesión prevista para el lunes.

Pero no parece haber mayores dificultades para pasar la ley. No obstante el retiro de los liberales y de Alternativa Democrática, el Gobierno tiene las mayorías suficientes para conseguir su aprobación.

Cambios

Poco a poco, el Polo ha logrado cambio sustanciales en el proyecto inicial presentado por la bancada uribista y respaldado por el Gobierno.

Por iniciativa suya se estableció que ninguna campaña presidencial podrá gastarse más de 10 mil millones de pesos y que la violación de esta norma dará lugar a que el Congreso decrete la pérdida de la elección del Presidente de la república.

El Gobierno aceptó que la propaganda electoral sea contratada por cada campaña y no por la Registraduría Nacional, como rezaba en el proyecto original.

También se dispuso que si un candidato se retira después de haber recibido el anticipo ($4.080.0000.000 para primera vuelta y $2.450.000.000 para segunda vuelta), tendrá que devolver todo el dinero girado a su favor dentro de los ocho días siguientes.

Los periódicos y la radio podrán divulgar publicidad sobre las campañas presidenciales dentro de los 90 días anteriores a las elecciones. La televisión podrá hacerlo solo dentro de los 30 días anteriores de los comicios.

Los concesionarios privados de radio y televisión quedarán obligados a dar un tratamiento igualitario a todos los candidatos en sus espacios noticiosos y habrá un seguimiento regular a este mandato.

Además, los candidatos tendrán 2 minutos diarios en televisión y 4 en radio en el horario de mayor audiencia, entre los 30 y los 8 días antes de las elecciones.

Con la aprobación de esta ley el Gobierno logra uno de los principales objetivos en la legislatura que terminará el próximo 20 de junio. Quedará reglamentada la reelección presidencial. Luego vendrá el control contstitucional de la Corte.